En medio del juicio que enfrenta a la regidora Guadalupe Arrubarrena García con la exdirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, por presunta violencia política de género, el dirigente estatal Mario Riestra Piña rechazó una fractura interna en el partido y minimizó la disputa al señalar que se trata de diferencias internas.
El posicionamiento ocurre en el contexto de la impugnación promovida por Guadalupe Arrubarrena ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en un conflicto en el que señala a Genoveva Huerta y al extesorero de la dirigencia estatal, Jorge Javier Zambrano Morales, por presuntos adeudos salariales durante su paso por el Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN entre 2018 y 2021.
Durante una conferencia de prensa este miércoles 27 de mayo, el dirigente estatal del partido blanquiazul reconoció que el conflicto legal se remonta a varios años atrás y sostuvo que el caso incluso había quedado fuera de la agenda interna del partido, al asegurar que desconocía el litigio.
Al respecto, el dirigente estatal del PAN negó que exista un pleito entre las militantes, al señalar que las diferencias de postura forman parte de la dinámica de un partido “democrático”, por lo que dijo ser respetuoso del proceso legal que actualmente se mantiene entre las partes.
“Es un litigio que ya tiene muchos años, pero es un proceso que ya hasta se había olvidado, no estaba en la agenda e incluso yo no tenía conocimiento. Pero por supuesto que están en su derecho”, expresó.
En ese sentido, llamó a mantener la unidad partidista al insistir en que el PAN en Puebla debe anteponer el interés colectivo por encima de diferencias personales, particularmente en un contexto en el que el partido mantiene la mira puesta en la ruta política hacia 2027.
El juicio se reactivó luego de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN frenó el expediente CVPG/02/2021 al considerar improcedente la queja de Guadalupe Arrubarrena, quien acusa omisiones en prestaciones laborales y pagos durante el periodo en que Genoveva Huerta encabezó la dirigencia estatal.
La Sala Superior será la que determine si el CEN actuó correctamente en su decisión o si deberá reabrirse el procedimiento para definir si la entonces dirigencia estatal incurrió en violencia política de género y, en su caso, establecer posibles sanciones o amonestaciones.
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