La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron el desmantelamiento de una presunta organización dedicada a la evasión fiscal y emisión de facturas por operaciones simuladas, una práctica que habría permitido ocultar recursos y reducir de manera irregular obligaciones tributarias.
De acuerdo con las autoridades, el operativo se desarrolló de manera simultánea en nueve entidades del país y estuvo dirigido contra una estructura identificada como «Del Caballito», señalada por utilizar empresas y asociaciones civiles como fachadas para generar comprobantes fiscales sin sustento en actividades económicas reales.
Durante un mensaje a medios, el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara López, explicó que estas compañías emitían facturas por conceptos inexistentes, lo que permitía ingresar recursos al sistema financiero y disminuir artificialmente la carga fiscal de los beneficiarios.
Según las investigaciones, el esquema también habría servido para ocultar el origen de recursos y redistribuir dinero a través del sistema financiero, generando afectaciones a la hacienda pública mediante mecanismos de simulación fiscal.
Las autoridades desplegaron 440 elementos para ejecutar 40 cateos en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Como resultado de estas acciones fueron detenidas ocho personas identificadas como Michael «N», Salvador «N», Laura Belén «N», Luis «N», Manuel «N», Elda «N», Monserrat «N» y Lilia «N».
Además de las detenciones, se aseguraron inmuebles, vehículos, motocicletas, documentación y diversas cantidades de dinero en moneda nacional y extranjera. Entre los bienes reportados se encuentran 11 domicilios, 14 vehículos y recursos en dólares, euros, yenes, libras esterlinas, soles y coronas danesas.
Ulises Lara López señaló que las investigaciones permitieron identificar la posible operación de 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachada. Los domicilios fiscales de estas entidades se ubicarían principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Las autoridades indicaron que las indagatorias continúan para determinar el alcance de las operaciones financieras y las posibles responsabilidades derivadas de este esquema de facturación apócrifa.
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