La notificación de embargo que recibió TV Azteca en una de sus oficinas ubicadas en Puebla obedeció a un procedimiento relacionado con adeudos laborales y no a una acción de carácter político, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier. El mandatario estatal aseguró que la intervención de las autoridades se originó a partir de una solicitud realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), instancia encargada de dar seguimiento al caso.
Durante una declaración pública, Armenta explicó que el gobierno estatal únicamente brindó apoyo para la ejecución del procedimiento requerido por la autoridad fiscal. Con ello, rechazó las versiones que apuntaban a una presunta persecución contra la empresa propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, al sostener que el asunto se encuentra relacionado con obligaciones pendientes derivadas de temas laborales.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del Poder Ejecutivo estatal, el conflicto estaría vinculado a adeudos que la televisora mantiene con trabajadores, situación que derivó en procedimientos administrativos y fiscales. Aunque no se dieron a conocer mayores detalles sobre el origen específico de las obligaciones pendientes, el gobernador insistió en que se trata de un tema legal y no político, por lo que corresponde a las instancias competentes determinar su resolución.
El procedimiento de embargo estaba previsto para llevarse a cabo en las oficinas de TV Azteca localizadas en la Torre Centro Mayor, sobre la Calzada Zavaleta. Sin embargo, la empresa logró presentar una garantía ante las autoridades correspondientes, lo que permitió suspender la ejecución de la medida y evitar que el embargo se concretara, según explicó el mandatario estatal.
Versiones difundidas de manera extraoficial señalan que el adeudo que originó la diligencia podría superar los tres millones de pesos. No obstante, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente el monto involucrado ni los detalles específicos del expediente, por lo que la información continúa sujeta a los procedimientos administrativos correspondientes.
El caso ha generado atención pública debido a la relevancia de la empresa involucrada y a los señalamientos surgidos en torno al procedimiento. Mientras tanto, el gobierno estatal sostiene que su participación se limitó al acompañamiento institucional solicitado por el SAT, mientras que la empresa logró frenar temporalmente la medida mediante la presentación de una garantía legal, lo que mantiene el proceso en una etapa de revisión.
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