La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el boxeador Julio César Chávez Jr. tiene una orden de aprehensión vigente en México por delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de drogas y armas, y que su reciente detención en Estados Unidos podría derivar en su deportación para que enfrente la justicia en territorio nacional.
Durante su conferencia matutina, la mandataria reveló que se comunicó directamente con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para confirmar la información luego de que medios estadounidenses reportaran la detención del boxeador por cargos relacionados con posesión ilegal de armas y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Explicó Sheinbaum:
“El fiscal me confirmó que sí existe una orden de aprehensión desde 2023. La investigación inició en 2019, pero no se había podido ejecutar porque el señor Chávez Jr. residía la mayor parte del tiempo en Estados Unidos”.
Añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) está trabajando en el proceso para que el deportado sea entregado a las autoridades mexicanas y pueda cumplir su sentencia.
Sheinbaum sostuvo que antes de recibir la confirmación oficial por parte de la FGR, su administración no tenía conocimiento de dicha orden y que, de no haber existido, el Gobierno habría actuado para exigir una explicación a Estados Unidos por la detención del ciudadano mexicano. Señaló la presidenta:
“Una vez que se confirma la orden, los protocolos son muy claros: es competencia directa de la fiscalía y de Migración, que da el acompañamiento necesario”.
La mandataria también aclaró que no ha mantenido contacto con la familia de Chávez Jr., quien incluso fue invitado en años pasados a eventos del gobierno federal para promover el deporte como una alternativa al crimen entre los jóvenes.
La orden de aprehensión fue emitida en enero de 2023, y, según autoridades estadounidenses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también lo investiga por vínculos con el crimen organizado. En enero de este año, el Departamento de Policía de Los Ángeles lo acusó de posesión ilegal de armas y fabricación o importación de un rifle de cañón corto.
Aunque Sheinbaum no confirmó si el Gobierno mexicano ha solicitado formalmente una extradición, afirmó que la FGR está llevando el caso y que la prioridad es que el deportado regrese a México para enfrentar la justicia:
“Se espera que pueda cumplir su sentencia aquí. La fiscalía está a cargo del proceso”.
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