Estados Unidos defendió los ataques militares contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, operaciones que han dejado alrededor de 200 personas muertas. Aunque Washington asegura que utiliza varias fuentes de inteligencia antes de cada ataque, el gobierno de Donald Trump no ha presentado pruebas públicas contundentes que confirmen que todas las embarcaciones estaban vinculadas al narcotráfico.
Durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que las decisiones de ataque no dependen de una sola fuente, sino de distintos criterios de verificación. Su declaración buscó justificar una estrategia que marca una fuerte escalada militar, pues este tipo de operaciones antes recaía principalmente en cuerpos como la Guardia Costera.
La ofensiva comenzó el pasado 2 de septiembre, cuando fuerzas estadounidenses empezaron a lanzar misiles contra lanchas en el Caribe. Posteriormente, las acciones se extendieron hacia costas del Pacífico. El cambio implica que Washington pasó de operativos de interdicción y decomiso a ataques letales, sin transparentar ante la opinión pública los elementos que sustentan cada objetivo.
El Pentágono ha sostenido que sus fuentes de inteligencia identifican embarcaciones dedicadas al contrabando ilegal y rutas asociadas al narcotráfico. Sin embargo, la ausencia de pruebas verificables ha generado cuestionamientos de países vecinos, especialistas en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos, que advierten posibles abusos bajo el argumento de seguridad.
Expertos y defensores de derechos humanos han señalado que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales si las personas a bordo eran civiles y no representaban una amenaza inmediata para Estados Unidos. La preocupación central es que Washington esté utilizando fuerza militar letal en escenarios donde deberían prevalecer detenciones, investigación judicial y debido proceso.
La estrategia abre un debate regional sobre los límites del poder militar estadounidense en el combate al narcotráfico. Mientras la administración Trump presenta los ataques como parte de su ofensiva contra redes criminales, las muertes acumuladas y la falta de evidencia pública alimentan la crítica sobre una política de fuerza que puede vulnerar derechos y soberanías en América Latina.
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