En Puebla, 10 de los 16 centros penitenciarios acumularon 163 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) durante el primer trimestre de 2026, por presuntas violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad. La mayor concentración de señalamientos se registró en el Cereso de San Miguel, en la capital poblana, y en el penal femenil de Ciudad Serdán.
De acuerdo con el informe del organismo autónomo, las inconformidades presentadas entre enero y marzo están relacionadas principalmente con posibles vulneraciones al trato digno, la protección de la salud, la seguridad jurídica y el derecho a una vida libre de violencia. Los registros muestran que las quejas no se concentran en un solo centro penitenciario, sino que se distribuyen en instalaciones de distintas regiones del estado.
Entre los hechos denunciados ante la CDH aparecen presunta incomunicación, omisión de atención médica, hostigamiento, trato cruel y posibles actos de tortura. El informe también refiere señalamientos de mayor gravedad, como presunta desaparición forzada y privación de la vida, lo que pone bajo atención las condiciones en las que permanecen las personas internas y las obligaciones de vigilancia, custodia y protección en los penales.
El Cereso de San Miguel concentró 56 quejas, convirtiéndose en el centro penitenciario con mayor número de señalamientos durante el periodo analizado. Ubicado en la capital poblana, es el más grande del estado y uno de los que concentra mayor población privada de la libertad, lo que incrementa también la exigencia de garantizar seguridad, servicios médicos, condiciones dignas y control efectivo al interior.
San Miguel y Ciudad Serdán encabezan los señalamientos ante la CDH
En segundo lugar se ubicó el centro penitenciario femenil de Ciudad Serdán, con 53 quejas, apenas tres menos que San Miguel. El dato es relevante debido a que se trata de un espacio destinado exclusivamente a mujeres privadas de la libertad, quienes han reportado presuntos actos de hostigamiento, maltrato y deficiencias en la prestación de servicios.
El penal de Tepexi de Rodríguez acumuló 32 quejas ante la CDH, colocándose como el tercer centro con mayor número de señalamientos. El caso cobra especial relevancia luego de que, en marzo pasado, internos denunciaron presuntas violaciones a sus derechos mediante una transmisión en vivo y posteriormente fueron golpeados, lo que reforzó los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y trato en ese centro.
En menor proporción, el informe también ubica al Cereso de San Pedro Cholula con 11 quejas; a Tehuacán y Huejotzingo con tres cada uno; Tecamachalco con dos; así como Huauchinango, Teziutlán y Zacapoaxtla con una queja por penal. Aunque las cifras son menores frente a San Miguel o Ciudad Serdán, el registro muestra que los señalamientos se extienden a diversas instalaciones del sistema penitenciario poblano.
De acreditarse las vulneraciones denunciadas, la CDH puede emitir recomendaciones o impulsar medidas de conciliación dirigidas a las autoridades responsables, con el objetivo de reparar el daño, corregir prácticas indebidas y evitar la repetición de hechos que afecten la integridad o la vida de las personas internas. La existencia de 163 quejas en apenas tres meses refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión dentro de los centros penitenciarios.
Un antecedente reciente ocurrió tras la muerte de un interno durante una riña registrada el 5 de enero en el Cereso de San Miguel. Por ese caso, la CDH emitió la recomendación 12/2026 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la que solicitó fijar una postura oficial sobre los hechos y reforzar los controles para impedir el ingreso de objetos prohibidos al penal.
En conjunto, las quejas colocan bajo escrutinio las condiciones de reclusión en Puebla, particularmente en los penales de San Miguel, Ciudad Serdán y Tepexi de Rodríguez, que concentran la mayoría de los reportes. El sistema penitenciario no solo tiene la obligación de mantener a las personas bajo custodia, sino de garantizar que la privación de la libertad no derive en abusos, violencia, abandono médico o riesgos para su vida.
Ilustración: Iván Rojas
