La llamada “guerra sucia” dejó 563 víctimas por violaciones graves a derechos humanos en Puebla entre 1965 y 1990, periodo en el que el Estado mexicano desplegó acciones de represión contra movimientos sociales, comunidades campesinas, pueblos indígenas, activistas y disidencias políticas. Con este registro, la entidad se ubicó como el séptimo estado con mayor número de casos a nivel nacional.
La cifra fue expuesta por Emmanuel Roldán Loyola, subdirector de Investigación, Difusión y Divulgación del Instituto de Investigaciones y Estudios en Materia de Derechos Humanos de la CDH Puebla, durante la presentación de un análisis basado en los informes del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. El estudio ubica a Puebla entre los territorios donde la violencia política y la represión estatal dejaron heridas que permanecieron durante décadas sin verdad ni justicia plena.
De acuerdo con la información presentada, Puebla se encuentra por debajo de Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México en el número de víctimas registradas durante el periodo. Los casos documentados abarcan hechos de extrema gravedad, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra comunidades que se organizaban por la tierra, derechos sociales o participación política.
A nivel nacional, el informe reporta 4 mil 009 detenciones arbitrarias, 2 mil 287 personas consideradas presas políticas, 2 mil 237 casos de tortura, mil 603 ejecuciones extrajudiciales y mil 156 desapariciones forzadas. Estas cifras dimensionan una etapa en la que la persecución no se limitó a organizaciones armadas, sino que alcanzó a campesinos, pueblos indígenas, estudiantes, dirigentes sociales y familias completas atrapadas en operativos represivos o conflictos atravesados por el poder político.
Monte de Chila y Rancho Nuevo, heridas abiertas de la represión en Puebla
Entre los hechos más graves registrados en la entidad se encuentra la masacre de Monte de Chila, en el municipio de Jopala, ocurrida en 1970 contra población campesina e indígena que enfrentaba una disputa por la tierra. El episodio ha sido señalado como uno de los casos más severos de violencia estatal en Puebla, con víctimas ejecutadas y desaparecidas en un contexto de intervención militar y protección de intereses terratenientes.
Otro de los episodios recuperados es el ataque contra campesinos e indígenas de Rancho Nuevo, en el municipio de Pantepec, donde se registraron 26 víctimas. El caso ocurrió en medio de un conflicto agrario y ha sido documentado como una masacre y ejecución arbitraria, perpetrada por pistoleros con la tolerancia de autoridades, en una región marcada por el despojo y la disputa por el control territorial.
La represión política en Puebla también alcanzó al movimiento universitario. Entre los casos que continúan vinculados a la exigencia de memoria y esclarecimiento se encuentran los asesinatos de Alfonso Calderón Moreno, Joel Arriaga Navarro y Enrique Cabrera Barroso, integrantes de la comunidad universitaria y del activismo político, cuyos crímenes permanecieron durante años como símbolos de impunidad en la historia reciente del estado.
Los casos documentados evidencian que la violencia durante la llamada “guerra sucia” en Puebla no fue aislada ni accidental. Comunidades indígenas y campesinas fueron atacadas en conflictos por la tierra, mientras universitarios y activistas fueron perseguidos en un clima de criminalización de la organización social. En todos estos episodios, la falta de justicia prolongó el daño para familiares y sobrevivientes, quienes han mantenido viva la exigencia de verdad.
La recuperación de estos hechos por parte de organismos de derechos humanos representa un paso hacia el reconocimiento de las víctimas y la prevención de la repetición de estos actos. Las 563 víctimas registradas en Puebla obligan a mirar una etapa en la que la violencia institucional buscó sofocar demandas sociales y políticas mediante el miedo, las detenciones, la tortura y la muerte.
A más de tres décadas del cierre del periodo investigado, la guerra sucia continúa siendo una deuda histórica para Puebla y para el país. La memoria de Monte de Chila, Rancho Nuevo y los universitarios asesinados no solo recuerda los crímenes cometidos, sino que sostiene la exigencia de esclarecer responsabilidades y garantizar que la persecución del Estado contra los pueblos y la organización social no se repita.
Ilustración: Iván Rojas
