Un tribunal penal de Puebla determinó ampliar por un año más la prisión preventiva justificada contra Javier López Zavala, excandidato priista a la gubernatura del estado, así como contra Jair Domínguez y Silvestre Vargas, condenados en primera instancia por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón. Con esta resolución, los tres permanecerán privados de la libertad al menos hasta el 6 de junio de 2027, mientras continúan los recursos legales relacionados con la sentencia.
La medida cautelar estaba por vencer este 6 de junio, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la representación legal de la familia Monzón solicitaron su ampliación, con el fin de evitar que los sentenciados pudieran enfrentar en libertad la etapa de apelaciones. La determinación judicial mantiene el encarcelamiento de los tres implicados mientras el Tribunal de Alzada analiza los recursos promovidos por ambas partes.
La abogada Helena Monzón, hermana de Cecilia, informó que el proceso de apelación continúa su curso y que la familia permanece atenta a cada etapa del procedimiento judicial. Explicó que su equipo legal impugnó la resolución en lo relativo a los agravios ocasionados a las víctimas, con el objetivo de que se revise la reparación integral del daño y se ajuste a la gravedad del feminicidio.
“Nosotros buscamos, a través de la apelación, que se revisen los daños para que sean más elevados que los establecidos al momento en que se dictó la condena contra los feminicidas de Ceci”, señaló Helena Monzón, al afirmar que el proceso no concluyó con la sentencia de primera instancia y que la familia busca una resolución firme y proporcional al daño causado.
Sentencia de 60 años aún no queda firme
El 26 de diciembre de 2025, Javier López Zavala fue declarado culpable como autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón, mientras que Jair Domínguez y Silvestre Vargas fueron señalados como autores materiales del crimen. Días después, el tribunal impuso a los tres la pena máxima de 60 años de prisión; sin embargo, la sentencia aún no ha causado ejecutoria debido a los recursos legales pendientes.
Las defensas de López Zavala y de los otros dos sentenciados también promovieron apelaciones con las que buscan revertir la condena y obtener la liberación de sus representados. Por ello, la ampliación de la prisión preventiva busca garantizar que los acusados permanezcan en reclusión mientras se resuelve si la sentencia es confirmada, modificada o revocada por instancias superiores.
De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público y validada por el tribunal de enjuiciamiento, López Zavala habría ordenado el asesinato de Cecilia Monzón, luego de que ella lo denunciara por violencia familiar y en el contexto de una disputa legal relacionada con la manutención y el cuidado del hijo que ambos procrearon.
El feminicidio ocurrió la mañana del 22 de mayo de 2022, cuando Cecilia Monzón fue interceptada en Camino Real a Cholula por Jair Domínguez y Silvestre Vargas, quienes le dispararon en múltiples ocasiones hasta privarla de la vida. El caso generó indignación nacional y se convirtió en un referente de la lucha contra la violencia feminicida y por el acceso a la justicia para las mujeres.
Además de la condena por feminicidio, Javier López Zavala también fue declarado culpable del delito de violencia familiar y recibió una sentencia de seis años de prisión, la cual se suma a la impuesta por el asesinato de la activista. Posteriormente, fue trasladado del penal de San Miguel, en Puebla, al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en el Estado de México.
A cuatro años de la detención de López Zavala, la familia Monzón mantiene su exigencia de justicia. Aunque ya existe una sentencia de 60 años contra los responsables, el proceso de apelación mantiene abierto el caso, por lo que la ampliación de la prisión preventiva garantiza que los sentenciados permanezcan recluidos hasta que la resolución quede firme.
Ilustración: Iván Rojas
