Un juez federal de Estados Unidos anuló la tarifa de 100 mil dólares que Donald Trump impuso a las nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente calificados. El fallo representa un revés judicial para una de las medidas migratorias más agresivas del mandatario, al determinar que el cobro funcionaba como un impuesto que no había sido autorizado por el Congreso.
La decisión fue emitida por el juez Leo Sorokin, en Boston, dentro de una demanda presentada por 20 fiscales generales estatales demócratas. Los demandantes impugnaron el aumento extraordinario del costo de las visas, al señalar que la administración Trump no podía modificar de esa manera el programa sin aval legislativo.
El programa H-1B permite cada año la emisión de 65 mil visas para trabajadores extranjeros especializados, además de otras 20 mil destinadas a personas con títulos avanzados. Antes de la medida de Trump, las empresas solían pagar entre 2 mil y 5 mil dólares por cada solicitud, dependiendo del tipo de trámite y otros factores administrativos.
La tarifa impuesta por el gobierno republicano elevó el costo a 100 mil dólares, una cantidad que, según documentos judiciales, desalentó de forma considerable las solicitudes. Hasta el 15 de febrero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos apenas había recibido 85 pagos bajo el nuevo esquema, lo que evidenció el impacto de la medida.
El fallo también exhibe los límites legales de la política migratoria de Trump, quien ha intentado endurecer el ingreso de trabajadores extranjeros bajo argumentos económicos y de protección laboral. Sin embargo, la decisión judicial sostiene que el Ejecutivo no puede imponer cargas de ese tamaño sin autorización del Congreso, aun cuando busque modificar el sistema migratorio por la vía administrativa.
Con esta resolución, la tarifa queda anulada y el programa H-1B vuelve al centro del debate político en Estados Unidos. El caso marca un nuevo choque entre tribunales y la Casa Blanca, en medio de una agenda migratoria que ha sido cuestionada por convertir trámites laborales en barreras económicas casi imposibles para empresas y trabajadores extranjeros.
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