Autoridades federales investigan a una presunta red radical luego del aseguramiento de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en autobuses que viajaban desde Guerrero hacia la Ciudad de México. El hallazgo ocurrió durante una revisión en la caseta de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, donde fueron inspeccionadas unidades en las que se trasladaban normalistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
De acuerdo con información atribuida a investigaciones federales, los artefactos no corresponderían a material común de protesta, sino a dispositivos con mayor nivel de elaboración, por lo que fueron resguardados y entregados a las autoridades competentes para su análisis. El caso encendió las alertas debido a que las movilizaciones previstas en la capital coinciden con una semana de alta concentración pública por el arranque del Mundial 2026.
Las indagatorias también apuntan a la posible participación de una célula radical que, según reportes de inteligencia, habría buscado fabricar una cantidad mayor de artefactos para utilizarlos durante protestas. Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades, origen de los recursos y posibles apoyos logísticos detrás del traslado del material.
Entre las personas señaladas en reportes periodísticos aparecen Jesús García Estrada, identificado con el alias de “El Coquillo”, y Juan Miguel Hernández Carbajal, conocido como “El Mamado” o “El Padrino”. Ambos son mencionados como presuntos operadores o personajes con influencia en grupos radicales vinculados a movilizaciones relacionadas con Ayotzinapa, aunque las responsabilidades deberán ser acreditadas por la autoridad.
El operativo fue acompañado por instituciones federales y capitalinas, mientras autoridades de Gobernación informaron que se sostuvo diálogo con los pasajeros para permitir que las movilizaciones continuaran bajo el compromiso de realizarse de forma pacífica. El gobierno federal ha reiterado que respeta el derecho a la protesta, pero también advirtió que ninguna manifestación puede poner en riesgo la integridad de terceros ni de los propios participantes.
El caso abre una nueva línea de tensión alrededor de las movilizaciones sociales en la capital, especialmente por el uso de artefactos que pueden causar lesiones, incendios o daños materiales. La investigación deberá aclarar si se trató de una acción aislada o de una estructura organizada, sin criminalizar a familiares ni estudiantes que mantienen demandas legítimas de justicia por Ayotzinapa.
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