No puedo quitarme de la cabeza las imágenes de cómo unos individuos armados y encapuchados irrumpieron para sacar por la fuerza a la periodista y colega Roxana Berenice Guzmán de su domicilio en Veracruz. Han transcurrido los días y, como suele ocurrir en nuestro país, la agenda pública ya se ocupa de otros asuntos mientras persiste una pregunta dolorosa: ¿dónde está Roxana?
La escena resulta perturbadora porque simboliza la vulnerabilidad en la que viven millones de mexicanos. Si un grupo armado puede entrar a una vivienda, privar de la libertad a una persona y desaparecer sin dejar rastro, ¿qué garantía real tiene cualquier ciudadano de que el Estado podrá protegerlo?
La misma inquietud me provoca el caso de Olin Hernando, hijo de mi amigo Fernando Vargas, desaparecido hace más de un año en la zona del Ajusco. Detrás de cada ficha de búsqueda hay una familia que vive en la incertidumbre permanente, una mesa con un lugar vacío y una confianza quebrantada en las instituciones encargadas de procurar justicia.
Ante hechos como éstos me he sorprendido formulando una pregunta que hace algunos años habría rechazado de inmediato: ¿es momento de replantear las reglas sobre la portación de armas para que los ciudadanos puedan defender su vida y la de sus familias?
La legislación mexicana ya permite, bajo determinadas condiciones, la posesión de armas en el domicilio y contempla mecanismos para quienes practican actividades deportivas relacionadas con el tiro. Sin embargo, el marco jurídico es sumamente restrictivo y privilegia que el uso de un arma sea el último recurso frente a una amenaza letal inminente. En teoría, ello busca evitar abusos; en la práctica, coloca con frecuencia al ciudadano frente a delincuentes que no respetan ley alguna, portan armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y operan con una capacidad de fuego muy superior.
Nunca he sido partidario de la violencia. Tampoco he promovido la cultura de las armas. Siempre he pensado que un arma de fuego representa un riesgo latente y que su presencia aumenta las posibilidades de una tragedia doméstica o de una reacción impulsiva con consecuencias irreversibles.
Sin embargo, la realidad obliga a formular preguntas como: ¿Habría tenido Roxana alguna posibilidad de resistir si hubiera contado con un arma en el momento en que irrumpieron sus agresores? ¿Podría Olin Hernando haber frustrado su secuestro si hubiera estado legalmente armado al viajar en su vehículo? Nadie puede responder con certeza. Tal vez sí. Tal vez no. Incluso es posible que el desenlace hubiera sido aún más violento. Pero el solo hecho de que estas preguntas parezcan razonables habla del profundo deterioro de la seguridad pública.
Quienes rechazan de manera absoluta cualquier flexibilización en materia de armas suelen advertir, con razón, que una sociedad más armada también puede registrar más accidentes, conflictos letales y episodios de violencia interpersonal. Existen experiencias internacionales que muestran esos riesgos y que invitan a actuar con extrema prudencia.
No obstante, también es cierto que la prohibición o las restricciones severas afectan principalmente a quienes cumplen la ley. Los integrantes de la delincuencia organizada no tramitan permisos, no registran sus armas y no respetan calibres autorizados. Mientras el ciudadano enfrenta una compleja burocracia para cumplir la normativa, el criminal obtiene fusiles, municiones y equipo táctico por vías ilícitas. El dilema no es sencillo.
Durante los últimos años han surgido grupos de autodefensa en distintas regiones del país como respuesta a la ausencia efectiva del Estado. Muchos nacieron con el propósito legítimo de proteger a sus comunidades frente al crimen organizado. Sin embargo, algunos terminaron infiltrados o absorbidos por las mismas organizaciones criminales que pretendían combatir, demostrando que la sustitución del Estado por grupos armados tampoco constituye una solución sostenible.
El verdadero problema es la desesperación que produce la impunidad. La lentitud burocrática, la falta de sensibilidad institucional y las investigaciones que parecen avanzar únicamente bajo presión mediática erosionan la confianza ciudadana y generan la percepción de que cada familia está sola frente al peligro.
Recuerdo una discusión intensa que sostuve hace algunos años en redes sociales con Ricardo Salinas Pliego. El empresario compartió videos en los que un menor aprendía a utilizar un rifle. Mi reacción fue señalar que sería preferible educar para la paz y no para la violencia. Él respondió —con el estilo frontal que lo caracteriza— que era mejor aprender a usar un arma por si algún día era necesario defenderse.
En aquel momento discrepé profundamente. Y sigo creyendo que la sociedad no debería formar a sus niños pensando en enfrentamientos armados. Sin embargo, observo la situación que viven diversas regiones del país y reconozco que muchos ciudadanos perciben que su única protección efectiva depende de sí mismos.
Eso no significa que la solución sea inundar las calles de armas ni promover una carrera armamentista entre particulares y delincuentes. Tampoco implica desconocer los enormes riesgos jurídicos y personales derivados de utilizar un arma de fuego en una situación límite. Cualquier reforma en la materia tendría que estar acompañada por controles rigurosos, exámenes psicológicos, capacitación obligatoria, registros confiables y mecanismos estrictos de supervisión.
Más importante aún, el debate no debe desviar la atención del verdadero responsable de garantizar la seguridad: el Estado mexicano. La obligación constitucional de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las personas no puede trasladarse a los ciudadanos mediante una lógica de “sálvese quien pueda”.
Autorizar una mayor portación de armas podría ofrecer a algunos individuos una herramienta de defensa, pero jamás sustituirá una estrategia integral de seguridad pública, una policía profesional, ministerios públicos eficaces, fiscalías que investiguen con resultados y tribunales que sancionen con prontitud a los responsables.
Me duele escribir estas palabras porque nunca he usado un arma de fuego y espero no tener que hacerlo jamás. Sigo convencido de que la paz debe construirse mediante instituciones sólidas y no a través de la fuerza. Pero también reconozco como legítima la preocupación de quienes desean proteger su vida, su familia y su patrimonio cuando sienten que las autoridades han fallado en esa misión esencial.
Quizá la pregunta de fondo no sea si los ciudadanos deben portar armas. La verdadera interrogante es mucho más incómoda: ¿cuántos casos como el de Roxana Berenice Guzmán, cuántas desapariciones como la de Olin Hernando y cuántas familias más tendrán que vivir el horror antes de que el Estado recupere plenamente el monopolio efectivo de la seguridad?
Mientras esa respuesta no llegue, el debate sobre el derecho a la legítima defensa seguirá creciendo, alimentado no por una fascinación por las armas, sino por el miedo, la impotencia y la desesperanza de una sociedad que exige algo tan elemental como poder regresar con vida a su hogar.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
