La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, vuelve a quedar bajo cuestionamientos luego de que una investigación periodística reveló posibles omisiones en su declaración patrimonial de 2026. De acuerdo con los documentos revisados, la mandataria reportó una parte de los bienes heredados tras la muerte de su esposo, Víctor Manuel Cruz Russek, pero no habría incluido una finca de mayor valor.
Campos declaró haber recibido más de 52 millones de pesos por herencia, legado, derechos de cobro y una vivienda, según la modificación patrimonial presentada el pasado 29 de mayo. Sin embargo, la investigación señala que la panista sólo incorporó una casa valuada en 5.7 millones de pesos, mientras dejó fuera una propiedad de mil 200 metros cuadrados valuada en 26 millones.
El caso golpea directamente el discurso de transparencia del PAN, partido que suele presentarse como defensor de la rendición de cuentas. La llamada Mansión Dorada se convirtió en símbolo del contraste entre el lujo político y la exigencia ciudadana de claridad, sobre todo porque la propiedad está ubicada en una zona exclusiva de Chihuahua y forma parte de un entramado inmobiliario más amplio.
La investigación también señala que Campos reportó un legado de 41.1 millones de pesos y derechos de cobro por 5.7 millones. El punto más delicado es que esos derechos estarían vinculados con Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, empresa en la que la propia gobernadora ha declarado una participación accionaria mayoritaria, lo que abre nuevas preguntas sobre el origen y destino de esos recursos.
Además, la panista declaró menaje de casa recibido por herencia, pero no especificó el valor de muebles, accesorios, obras de arte y otros elementos de lujo que formarían parte de la residencia. En un contexto de creciente escrutinio público, la falta de detalle alimenta la percepción de opacidad alrededor del patrimonio de una gobernadora que ya enfrenta desgaste político.
Hasta ahora, el Gobierno de Chihuahua no ha ofrecido una respuesta pública puntual sobre esta nueva revelación. Mientras la derecha denuncia persecución política para cerrar filas con Maru Campos, los documentos patrimoniales abren una discusión de fondo: cuánto declara realmente una gobernadora panista y cuánto queda fuera del escrutinio ciudadano.
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