El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que su país ha transferido a territorio mexicano a 313 personas buscadas por la justicia, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad. El anuncio se dio luego de la captura y entrega de un ciudadano mexicano requerido por autoridades nacionales.
De acuerdo con el diplomático, la detención fue realizada por elementos de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande, zona fronteriza con México. La persona entregada era buscada por delitos sexuales contra una persona menor de edad, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades mexicanas para enfrentar el proceso correspondiente.
Johnson presentó el caso como parte de la coordinación que mantienen ambos gobiernos para ubicar y entregar a personas requeridas por la justicia. El mensaje destacó la colaboración entre México y Estados Unidos, en un momento en que la agenda bilateral de seguridad ocupa un lugar central por temas de extradición, combate al crimen organizado y control fronterizo.
Sin embargo, el dato de las 313 transferencias también se inscribe en una discusión más amplia sobre reciprocidad. México ha pedido que Washington responda a solicitudes de extradición pendientes, especialmente en casos relacionados con delincuencia organizada, corrupción, trata de personas y otros delitos graves reclamados por autoridades mexicanas.
El tema cobró mayor relevancia después de las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Frente a esos señalamientos, el gobierno mexicano ha insistido en que cualquier cooperación debe realizarse con pruebas, canales institucionales y respeto a la soberanía nacional.
Aunque Johnson resaltó la entrega de personas requeridas por la justicia mexicana, no detalló públicamente los mecanismos específicos utilizados en las 313 transferencias. Por ello, el caso abre una doble lectura: muestra avances en la cooperación bilateral, pero también mantiene vigente el reclamo mexicano de una relación equilibrada y recíproca en materia judicial.
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