Las propuestas en materia de “seguridad” que hemos visto articularse durante esta semana -y que, sin duda alguna, resultarán en reformas efectivas, debido al apoyo mayoritario del bloque gobernante y algunos legisladores de oposición que están de acuerdo con ellas- nos muestran, desde mi perspectiva, algo que he dicho desde hace mucho tiempo: no hay nada peor, para la democracia de un país, que una oposición incapaz de presentar alternativas.
Primero, lo obvio: existen algunos elementos que me provocan temor en estas reformas. Luego, lo no tan obvio: la gran mayoría de las cosas que escucho como “negativas” … no sólo no me lo parecen, sino que tampoco me lo parecieron en el pasado, cuando fueron presentadas por otros partidos.
He escuchado la forma en que la oposición intenta enredar a la gente presentando terribles y apocalípticas posibilidades de estas reformas, tan sólo para, después de revisar las propuestas, ver como están mezclando cosas diferentes para intentar crear miedo. Que no, que no es que a partir de ahora “el gobierno pueda ver todo lo que haces con tu teléfono”, ni que “ya no se necesite orden judicial para intervenir tus comunicaciones”. Es que algunas de las funciones que se utilizan en materia de seguridad y -especialmente- búsqueda de personas, han sido ya declaradas por tribunales federales -la Suprema Corte incluida- como legales. Cualquier familiar de una persona secuestrada o desaparecida, sabe la desesperación que es llegar con las autoridades, sean estas policiales o de investigación y no poder hacer una geolocalización del teléfono de esa persona, especialmente en las primeras horas.
La oposición ha presentado que esa posibilidad es equivalente a que el estado sepa dónde estamos -y con ello, qué hacemos, y con ello, que comemos, compramos, vemos, consumimos, etc.- y que eso puede ser utilizado para espiar hasta nuestros sueños. Saltando de la geolocalización a escuchar llamadas o acceder al contenido de nuestro teléfono, presentan la idea de que la reforma es un tipo de “Gran Hermano” que nos vigilará todo el tiempo. Escuché a una de las personas que se oponen a la reforma, que incluso podrán ver en vivo, lo que estamos viendo en las plataformas digitales… Todas y cada una de estas acciones serían, obviamente, cosas que no sólo creo, a nadie nos gustaría, sino que además violarían abiertamente varios derechos protegidos constitucionalmente. Pero no son ciertas.
Algo así se dijo, en su momento, sobre las cámaras de vigilancia en la ciudad. Recuerdo los largos artículos sobre el “panóptico digital” y la forma en que “perdíamos libertad” con ellas. En realidad, nunca he entendido muy bien a qué libertad se refieren. En la práctica real, el control de las cámaras es imposibles como mecanismo universal de vigilancia y se utiliza, muchas veces de manera bien deficiente, para casos puntuales. Estoy seguro que en estos momentos la gran mayoría de la gente está más molesta porque las cámaras no sirven, que con que su existencia nos quite “libertades”.
El problema con esa idea es que presenta una idealización abstracta y totalmente inmaterial de “libertad”. Como puede leerse, yo he hablado antes de derechos constitucionales. No de libertades en abstracto, sino de derechos que tienen una existencia legal y material, con interpretaciones específicas de límites precisos y establecidos previamente. La idea de libertad en abstracto, es un fantasma: presenta la idea siempre vacía de que cualquier límite a lo que “yo quiero hacer” es una violación a algo que no existe: la voluntad personal como fuente de mis posibilidades de acción. El sistema jurídico, después de todo, no tiene sentido bajo esa premisa, pues su existencia se centra en la posibilidad de limitación de las acciones particulares dentro de la sociedad, es, como gente tan diferente como Bentham, Burke, Pashukanis, Marx, Kant, Kelsen y Schmitt lo dicen muy bien, un sistema que hace funcionar el control social de los límites externos de la conducta.
En este sentido, la geolocalización ha sido ya declarada como utilizable en casos de urgencia. Y ahora, vendrá la regulación posible por parte del estado. Que debería, si tuviera una oposición responsable y democrática, tener límites regulatorios y reglamentarios efectivos. Pero no parece que vaya a tenerlos, porque la oposición real, la que tenemos, no quiere que esa herramienta funcione. Quiere que sirva como un fracaso para las próximas elecciones, y más importante aún, que quede mal regulado para que después puedan utilizarlo ellos. Porque en eso se basa su carácter antidemocrático: en saber -a diferencia de la izquierda, que se sabe siempre, incluso en el poder, como oposición- que algún día cercano, volverán a tener el poder. Sea por vías institucionales o no.
Por eso, contra las ideas de que el gobierno “va a espiar lo que compramos por internet”, debemos preguntarnos sobre las regulaciones específicas que pueden hacerse de estas reformas algo benéfico para el país. Para respetar los derechos de las audiencias, para proteger a las infancias, para mejorar en materia de seguridad interna y sobre todo, para protegernos como sociedad. No es ni remotamente el Gran Hermano. Porque si lo fuera, pueden estar seguros que la oposición lo defendería.
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