Migrantes en Estados Unidos enfrentan una nueva modalidad de fraude que combina suplantación de identidad, redes sociales e inteligencia artificial para engañar a quienes buscan regularizar su situación. El problema no sólo exhibe los riesgos del uso delictivo de estas herramientas, sino también la vulnerabilidad creada por un sistema migratorio marcado por el miedo, la persecución y la amenaza constante de deportación.
De acuerdo con testimonios recopilados en Estados Unidos, delincuentes han clonado la imagen, la voz y los datos profesionales de abogados migratorios para construir perfiles falsos, promocionar servicios inexistentes y atraer a personas indocumentadas mediante WhatsApp, Facebook o anuncios digitales. Las víctimas son convencidas de pagar miles de dólares por supuestos permisos de trabajo, residencias, asilos o audiencias legales que nunca existieron.
Uno de los casos documentados involucra al abogado Ángel Leal Jr., cuya identidad fue utilizada para difundir videos manipulados y contratos falsificados con apariencia legal. También se reportaron casos en los que migrantes participaron en videollamadas que simulaban audiencias migratorias, con supuestos jueces, agentes y símbolos oficiales. La inteligencia artificial aparece aquí como una herramienta utilizada por redes criminales para hacer más creíble una estafa que se alimenta de la desesperación migrante.
El trasfondo apunta directamente al clima de temor que viven miles de personas en Estados Unidos. Muchos afectados no denuncian porque temen ser detenidos por el ICE o enfrentar represalias migratorias. Ese miedo, generado por una política estadounidense cada vez más agresiva contra la población migrante, termina funcionando como protección indirecta para los estafadores, que operan sabiendo que sus víctimas difícilmente acudirán a las autoridades.
Las cifras reflejan un problema en expansión. Reportes analizados por medios estadounidenses señalan que las quejas por fraudes migratorios crecieron en los últimos años y que las pérdidas económicas suman decenas de millones de dólares. Pero el daño no es sólo financiero: algunas víctimas faltaron a audiencias reales tras creer que sus casos habían sido resueltos por vías falsas y terminaron con órdenes de deportación.
Aunque autoridades estadounidenses han anunciado investigaciones y cargos contra redes dedicadas a este tipo de engaños, el fenómeno revela una contradicción profunda: el mismo país que presume combatir fraudes mantiene un sistema migratorio que empuja a millones de personas al silencio, la desinformación y el miedo. En ese escenario, la tecnología potencia el delito, pero la raíz del problema sigue siendo una política migratoria que convierte la necesidad de regularización en terreno fértil para el abuso.
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