El conflicto político en Acatlán de Osorio escaló a un terreno más delicado. Esto ocurrió luego de que el gobernador Alejandro Armenta señalara que existen investigaciones sobre posibles vínculos de autoridades o actores locales con grupos delictivos que operan en la región limítrofe entre Puebla y Oaxaca. El mandatario pidió tratar el tema con responsabilidad, al considerar que la crisis municipal rebasa la disputa interna entre la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas y un grupo de regidores inconformes.
Las declaraciones del gobernador se dieron después de que la presidenta municipal acusara públicamente que detrás del movimiento para promover su salida estaría Pedro Flores Romero, alias “El Peye”, señalado por ella como presunto líder del grupo criminal “Los Rojos”. Por la gravedad de los señalamientos, Armenta indicó que corresponde a las autoridades competentes investigar si existe o no intromisión delictiva en el conflicto político que mantiene en tensión al municipio mixteco.
El mandatario estatal sostuvo que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla mantiene investigaciones abiertas para determinar si hay elementos que confirmen esos posibles nexos. En este contexto, pidió no reducir el caso a una lectura partidista o administrativa, pues recordó que la región comparte dinámicas de seguridad con municipios de Oaxaca, donde recientemente se registró el asesinato del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, hecho que también encendió alertas sobre la coordinación interestatal.
Armenta también rechazó que su administración esté evadiendo un procedimiento contra la alcaldesa, como han señalado algunas voces políticas. El gobernador afirmó que cualquier decisión debe tomarse con información completa, debido proceso y conocimiento del contexto de seguridad en la región. En ese punto, consideró que las autoridades legislativas y municipales deben actuar con prudencia, especialmente cuando existen denuncias relacionadas con presuntos grupos criminales.
Protección para la alcaldesa y diálogo abierto con regidores
El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó que la alcaldesa Guadalupe Bárcenas ya cuenta con protección personal debido al riesgo que implican los señalamientos que hizo públicamente. Explicó que denunciar presuntos nexos criminales puede colocar a una autoridad en situación de vulnerabilidad, por lo que se activaron medidas de seguridad mientras la Fiscalía y las instancias correspondientes determinan si existen responsabilidades.
Aguilar Pala informó que el gobierno estatal mantiene abiertos los canales de diálogo con la presidenta municipal y con los regidores inconformes. Detalló que una comisión integrada por representantes de Gobernación, Fiscalía, Seguridad Pública y Derechos Humanos acudió recientemente a Acatlán para buscar una mesa de conciliación, pero los regidores no se presentaron, pese a que los funcionarios permanecieron varias horas en el municipio.
El secretario subrayó que en Puebla existe Estado de Derecho y que ninguna autoridad municipal puede ser removida sin cumplir los procedimientos legales correspondientes. Aunque evitó adelantar escenarios, reconoció que, si el conflicto escala y no se logran acuerdos, la designación de un Concejo Municipal podría ser una vía extrema, como ya ha ocurrido en otros municipios del estado. No obstante, insistió en que la apuesta principal del gobierno estatal sigue siendo el diálogo.
La crisis en Acatlán mantiene bajo presión la gobernabilidad municipal. Regidores han impulsado la salida de la alcaldesa y la remoción de funcionarios locales, mientras Bárcenas rechaza esas decisiones y acusa un intento de desestabilización. En medio de la disputa, el reto para las autoridades estatales será separar los reclamos políticos de los posibles riesgos de seguridad, investigar sin prejuzgar y evitar que el conflicto derive en un vacío de poder que afecte directamente a la población.
Ilustración: Iván Rojas
