El Congreso de Puebla inició la ruta legislativa para revisar la solicitud de revocación de mandato presentada contra la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, quien será llamada a comparecer para presentar su defensa.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo poblano, Pavel Gaspar, informó que el procedimiento comenzará formalmente este 25 de junio, cuando el documento sea presentado ante el Pleno y posteriormente turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La petición fue entregada por integrantes del Cabildo de Acatlán de Osorio el pasado 19 de junio, acompañada de documentos en los que señalan presuntas irregularidades dentro de la administración municipal.
Sin embargo, el área jurídica del Congreso adelantó que hasta el momento el expediente no contiene pruebas concluyentes que acrediten las acusaciones contra la alcaldesa.
El director jurídico del Poder Legislativo, Jesús Juárez Lezama, explicó que los anexos entregados corresponden principalmente a solicitudes de información, pero no incluyen dictámenes oficiales que sustenten una posible causal para retirar del cargo a Bárcenas.
De acuerdo con el procedimiento, la Comisión de Gobernación revisará los argumentos y determinará si existen elementos suficientes para continuar con el proceso. En caso contrario, podrían solicitar información adicional a los promoventes.
Además, el Congreso podrá requerir información a instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) para conocer si existen investigaciones relacionadas con los señalamientos.
Jesús Juárez aclaró que no existe un plazo definido para resolver la solicitud, pues dependerá de la revisión del expediente y de los elementos que aporten las autoridades involucradas.
Como parte del seguimiento al caso, también se prevé una auditoría extraordinaria al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio para revisar el manejo de recursos públicos y, en caso de detectar anomalías, llamar a comparecer a los responsables.
La alcaldesa tendrá derecho a presentar pruebas de descargo durante la audiencia correspondiente, en caso de que el procedimiento avance hacia una etapa formal.
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