Estados Unidos abrió un nuevo frente de presión contra Cuba al imponer sanciones contra cinco empresas vinculadas al conglomerado Gaesa, entre ellas la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, considerada la mayor siderúrgica de la isla. La medida también alcanzó a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió las sanciones al señalar que las entidades afectadas forman parte de una red económica que, según Washington, sostiene al aparato de seguridad cubano. Entre las empresas incluidas aparecen Almacenes Universales, Rafin, el Banco Financiero Internacional y Geominera, además de Antillana de Acero, todas señaladas por su papel financiero, logístico o productivo.
Las sanciones implican que las compañías y personas designadas no podrán mantener relaciones económicas con actores estadounidenses ni acceder al sistema financiero de Estados Unidos. También quedan bloqueadas posibles propiedades o activos bajo jurisdicción estadounidense, como parte de una política que vuelve a colocar el castigo económico como herramienta central de Washington frente a La Habana.
A la par, la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió que ExxonMobil puede avanzar con una demanda contra entidades estatales cubanas por la expropiación de activos tras la Revolución de 1959. La decisión, respaldada por la mayoría conservadora del tribunal, permite reactivar un litigio asociado a la Ley Helms-Burton, utilizada durante décadas como mecanismo de presión contra Cuba.
El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó las nuevas sanciones y acusó al gobierno estadounidense de buscar apretar el cerco económico contra la isla. El funcionario sostuvo que esta política golpea las condiciones de vida del pueblo cubano y responsabilizó directamente a Rubio de impulsar una ofensiva desde la principal potencia mundial.
El doble movimiento de Washington —sanciones económicas y respaldo judicial a reclamos empresariales históricos— ocurre en un contexto de mayor hostilidad bajo el gobierno de Donald Trump. Para Cuba, se trata de una nueva escalada de presión; para Estados Unidos, de una estrategia para golpear estructuras estatales, aunque sus efectos vuelven a recaer sobre una economía ya marcada por bloqueo, restricciones financieras y tensiones diplomáticas.
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