Una corte federal de apelaciones allanó el camino para que el gobierno de Donald Trump amplíe el proceso de deportación por vía rápida, una medida que permitiría expulsar de forma acelerada a migrantes detenidos lejos de la frontera. El fallo representa un nuevo respaldo judicial a la política migratoria de línea dura impulsada por Washington.
La decisión fue tomada por un panel de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que resolvió por dos votos contra uno revocar el bloqueo impuesto en 2025 por la jueza federal Jia Cobb. La medida del Departamento de Seguridad Nacional busca aplicar la expulsión acelerada a personas que no puedan demostrar una permanencia continua de dos años en Estados Unidos.
El juez Justin Walker, nombrado por Trump, sostuvo que el gobierno tiene facultades para ampliar este mecanismo hasta los límites permitidos por el Congreso. A su postura se sumó en gran parte la jueza Neomi Rao, también designada por Trump, con lo que la mayoría respaldó una interpretación que fortalece la capacidad del Ejecutivo para acelerar expulsiones.
En contraste, el juez Robert Wilkins, nombrado durante el gobierno de Barack Obama, expresó su desacuerdo al advertir que el procedimiento resulta insuficiente para personas detenidas dentro del país. Su posición subrayó que aplicar deportaciones rápidas sin revisar adecuadamente el tiempo de residencia puede abrir la puerta a violaciones al debido proceso.
La organización Make the Road New York había impugnado la política al considerar que vulneraba derechos constitucionales de migrantes detenidos en cualquier punto de Estados Unidos. La jueza Jia Cobb coincidió inicialmente con ese argumento, al señalar que la ampliación podía afectar garantías mínimas de defensa antes de una expulsión.
El Departamento de Seguridad Nacional celebró el fallo a través de James Percival, quien sostuvo que la sentencia respalda la aplicación de la ley migratoria. Sin embargo, la resolución profundiza el perfil antiinmigrante del gobierno de Trump, al convertir un mecanismo pensado para la frontera en una herramienta nacional de expulsión acelerada.
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