La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA, quedó bajo fuertes cuestionamientos luego de que una investigación de la agencia AP revelara que permitió el paso de grandes cantidades de fentanilo hacia las calles de Nuevo México, como parte de una estrategia para monitorear redes de tráfico y construir casos contra objetivos de mayor rango.
De acuerdo con la información revelada, el presunto plan se desarrolló entre 2023 y 2025, periodo en el que agentes habrían observado múltiples cargamentos sin detenerlos ni incautar la droga de inmediato. El operativo terminó sin detenciones relevantes ni decomisos derivados de esa vigilancia, lo que abrió críticas sobre la forma en que Estados Unidos maneja su propia crisis de opioides.
El caso fue comparado por agentes del orden con el operativo Rápido y Furioso, en el que autoridades federales permitieron el tráfico de armas hacia México con el supuesto objetivo de rastrear redes criminales. Aquella operación también se salió de control y terminó exhibiendo la responsabilidad de Washington en dinámicas que después suelen atribuirse únicamente a otros países.
Uno de los puntos más graves del reporte señala que al menos dos cargamentos de 150 mil y 50 mil pastillas contaminadas con fentanilo fueron observados sin ser detenidos. Parte de esos envíos habría llegado a zonas de Albuquerque golpeadas por el consumo de opioides, lo que incrementó las críticas contra una estrategia que puso en riesgo directo a comunidades estadounidenses.
El exfiscal federal Alex Uballez defendió el enfoque al considerar que perseguir a los “peces grandes” podía salvar más vidas. Sin embargo, David Howell, actual jefe antidrogas en el área, cuestionó duramente la operación al advertir que, en los hechos, las autoridades permitieron que la droga llegara a la población para intentar presentar cargos después.
La revelación golpea el discurso de Estados Unidos sobre el combate al fentanilo, pues muestra que parte del problema también ocurre dentro de sus propias instituciones. Mientras Washington presiona a otros países por el tráfico de drogas, la DEA enfrenta ahora señalamientos por haber permitido que cargamentos llegaran a comunidades sin decomisos ni arrestos inmediatos.
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