Óscar “N”, exsubsecretario de Administración durante el gobierno del priista Alfredo del Mazo Maza, fue detenido por autoridades federales en el municipio de Metepec e ingresado al penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. El exfuncionario es investigado por su presunta participación en una red de venta de plazas laborales dentro del aparato público, un caso que vuelve a colocar bajo revisión las prácticas heredadas de administraciones priistas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió durante la madrugada de este miércoles 24 de junio, en una vivienda del fraccionamiento Condado del Valle. Aunque la ficha oficial no precisa el delito por el que fue ingresado al centro penitenciario, distintas versiones periodísticas lo vinculan con una investigación por asignación irregular de plazas, principalmente dentro del sector educativo.
La indagatoria apunta a una presunta red dedicada a la venta o entrega irregular de espacios laborales en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. El caso resulta políticamente sensible porque involucra a exfuncionarios ligados al gobierno de Alfredo del Mazo, una administración priista señalada durante años por el peso de viejas estructuras burocráticas y redes de poder construidas alrededor del control institucional.
Reportes señalan que existirían hasta 10 órdenes de aprehensión relacionadas con este caso, derivadas de investigaciones sobre posibles irregularidades en la nómina educativa. La gobernadora Delfina Gómez ha reconocido previamente que la Fiscalía estatal investiga denuncias sobre venta de plazas, luego de señalamientos anónimos que apuntaban a presuntos beneficios para personas allegadas a funcionarios y supuestas asignaciones fuera de los procesos legales.
Entre los nombres mencionados en denuncias públicas aparecen trabajadores que presuntamente habrían obtenido plazas sin concurso, sin antigüedad suficiente o mediante mecanismos irregulares. Las acusaciones también apuntan a posibles privilegios para familiares y personas cercanas a funcionarios, aunque las autoridades deberán determinar qué elementos tienen sustento jurídico y quiénes habrían participado directamente en el esquema.
La detención de Óscar “N” abre un nuevo capítulo sobre la revisión de estructuras administrativas que operaron durante el priismo y que ahora son investigadas por posibles actos de corrupción. El caso exhibe cómo la venta de plazas, de confirmarse judicialmente, habría afectado el acceso legal y transparente a cargos públicos, mientras las autoridades continúan con operativos para ubicar a más personas relacionadas con la investigación.
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