La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó una política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump que permite rechazar solicitudes de asilo antes de que las personas migrantes ingresen físicamente al territorio estadounidense desde la frontera con México. El fallo representa una nueva victoria jurídica para la Casa Blanca y endurece el acceso a la protección internacional.
La decisión fue aprobada por seis votos contra tres, con el respaldo de la mayoría conservadora del máximo tribunal. El bloque integrado por jueces de derecha validó una interpretación restrictiva de la ley migratoria, mientras las magistradas Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor emitieron votos disidentes frente al criterio adoptado.
El caso, conocido como Mullin contra Al Otro Lado, surgió por una demanda presentada contra el sistema de metering o control de flujo migratorio. Este mecanismo permite a las autoridades fronterizas limitar o negar el procesamiento de solicitudes de asilo cuando consideran que los cruces están saturados, lo que deja a miles de personas varadas del lado mexicano.
El punto central del debate fue definir qué significa “llegar” a Estados Unidos bajo la legislación migratoria. La mayoría conservadora concluyó que una persona que permanece en México y solo intenta ingresar al país no puede considerarse legalmente como alguien que ya llegó a territorio estadounidense. Con esta lectura, el tribunal cerró una vía que antes permitía exigir el inicio del trámite de asilo en los puertos fronterizos.
La resolución revoca el criterio del Tribunal del Noveno Circuito, que había determinado que las personas rechazadas en los puntos de entrada sí debían quedar protegidas por la legislación federal de asilo. Para organizaciones defensoras de migrantes, el fallo fortalece una política de contención que convierte la frontera en una barrera legal y humanitaria, especialmente para quienes huyen de violencia, persecución o amenazas en sus países de origen.
Aunque el metering comenzó a utilizarse antes del primer gobierno de Trump, su administración lo convirtió en una herramienta central de su estrategia migratoria y ahora busca reactivarlo como parte de su ofensiva contra la migración. La decisión confirma el giro restrictivo de Estados Unidos y coloca nuevamente a México como zona de espera forzada para personas que buscan refugio.
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