Este fin de semana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un esfuerzo articulado en cinco ejes con el que el gobierno federal pretende hacer frente a uno de los delitos que más ha crecido en México durante los últimos años. La extorsión no solo se ha disparado en cifras absolutas, sino que además arrastra un nivel alarmante de impunidad, al ser uno de los delitos con mayor número de denuncias y, paradójicamente, con menor número de sentencias.
La estrategia planteada se estructura en cinco líneas de acción: detenciones con base en inteligencia; creación de Unidades Antiextorsión locales; protocolos de atención a víctimas; capacitación de operadores del 089; y campañas nacionales de prevención. Asimismo, se anunció la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias utilizadas en el delito, y se promoverá el bloqueo de líneas telefónicas ligadas a extorsionadores, así como operativos en centros penitenciarios.
La medida es, sin duda, un avance. Aplaudir el esfuerzo institucional no está de más. Pero si el diagnóstico del secretario Harfuch es correcto —y lo es—, entonces la medicina propuesta resulta insuficiente ante la metástasis que ha alcanzado este cáncer criminal.
La extorsión ha dejado de ser un delito marginal y se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. No hablamos solo de llamadas desde penales o engaños telefónicos, sino de verdaderas estructuras delictivas que cobran “derecho de piso” a comerciantes, transportistas, productores agrícolas y empresarios de todos los tamaños. El fenómeno se ha expandido desde las colonias populares de Acapulco hasta los corredores financieros de Monterrey o los centros restauranteros de la CDMX.
El primer punto que debería revisarse con urgencia es la tipología de la extorsión. No es lo mismo una llamada fraudulenta desde un penal que una amenaza armada por parte de un grupo delictivo con control territorial. El protocolo de atención y la respuesta institucional deben diferenciar ambos fenómenos, y eso no parece suficientemente claro en la estrategia presentada. ¿Qué tipo de atención brindará el operador del 089 cuando una mujer de Ecatepec reciba una llamada falsa de un supuesto comandante de la Guardia Nacional? ¿Y qué pasará cuando un empresario de León reciba una amenaza directa de un grupo armado que le exige 50 mil pesos semanales para no incendiar su negocio?
La extorsión telefónica, aunque extendida, tiene patrones bien conocidos. El propio gobierno reconoce que muchas de estas llamadas provienen de penales. ¿Por qué, entonces, los operativos para decomisar teléfonos en cárceles federales y estatales son todavía “sorpresa”? ¿No es momento ya de una política permanente y sistemática para bloquear señales, rastrear llamadas y depurar los penales de una vez por todas?
Pero quizá la vertiente más preocupante es la extorsión presencial, o lo que en el lenguaje del crimen se conoce como cobro de piso. En muchas regiones del país, esta práctica se ha normalizado. Desde la señora que vende tamales en una banqueta hasta el dueño de un restaurante en una zona exclusiva, todos están expuestos al chantaje criminal. El fenómeno ha crecido tanto que se ha sofisticado: ya no se limita a una cuota mensual, ahora implica la venta obligatoria de productos, el pago por permisos “informales”, e incluso la contratación de personal impuesto por los extorsionadores.
La situación se vuelve aún más dramática en zonas rurales. En entidades como Michoacán, Guerrero, Estado de México o Veracruz, los grupos criminales han establecido sistemas paralelos de cobro en la cadena de producción y comercialización de productos básicos. Ganaderos que deben pagar por cada cabeza vendida; agricultores que entregan una parte del aguacate o del limón cosechado; comerciantes que deben pagar por tonelada transportada. La extorsión se ha convertido en una forma de dominación económica y territorial.
En este contexto, la estrategia presentada por Harfuch queda corta. No por falta de intención, sino por la dimensión del problema. El delito de extorsión no puede enfrentarse solo con campañas informativas, líneas telefónicas y capacitación. Se requiere una ofensiva frontal contra las redes que controlan estos delitos, y eso implica tres cosas: presencia del Estado, depuración de cuerpos policiacos y voluntad política para enfrentar a los grupos criminales, incluso cuando están coludidos con autoridades locales.
Además, es urgente establecer mecanismos de protección real para las víctimas. Hoy por hoy, denunciar una extorsión presencial en municipios como Iguala, Salamanca o Neza es una sentencia de muerte. Las víctimas saben que están solas, que sus nombres serán filtrados, y que no hay garantías de que las autoridades actúen con eficacia. En muchos casos, las propias fiscalías son parte del problema.
El involucramiento de la UIF en el rastreo de recursos es acertado, pero debe ir acompañado de una estrategia integral de persecución patrimonial. Los grupos extorsionadores no solo operan con violencia, también lavan dinero, invierten en negocios formales y se integran al sistema financiero. Sin una política efectiva de seguimiento de dinero ilícito, la estrategia se queda en la superficie.
En suma, la estrategia contra la extorsión del gobierno federal es un primer paso. Pero el combate real exige medidas más profundas, mayor coordinación entre niveles de gobierno, participación ciudadana y, sobre todo, una nueva narrativa: la extorsión no es un delito menor, es un mecanismo de control social y económico que amenaza la vida diaria, el empleo, la seguridad alimentaria y la viabilidad misma de miles de comunidades.
Que el número 089 funcione es importante. Pero lo que México necesita no es solo una línea de atención, sino una línea de defensa firme, constante y valiente contra el crimen organizado que, desde hace años, ha convertido la extorsión en una de sus principales armas de dominio. Porque mientras no se erradique el miedo, no podrá haber verdadera libertad. Y mientras no se erradique la complicidad, no podrá haber justicia. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
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