Previo a la crisis política que hoy enfrenta el Ayuntamiento de Acatlán por la solicitud de revocación de mandato contra la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, el municipio acumuló seis quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) durante el primer trimestre de 2026 por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Los registros del organismo autónomo revelan que las denuncias ciudadanas señalaron posibles vulneraciones a derechos como la integridad y seguridad personal, el trato digno, una vida libre de violencia y la seguridad jurídica, en un contexto que hoy mantiene al municipio inmerso en un conflicto político y administrativo.
De acuerdo con el informe, entre las principales conductas denunciadas se encuentran detenciones arbitrarias, prestación indebida del servicio público, así como la omisión de brindar atención médica y psicológica de urgencia.
El reporte también documenta presuntas acciones y omisiones que afectaron los derechos de personas privadas de la libertad, además de casos relacionados con violencia contra las mujeres en sus distintas modalidades, como física, psicológica, patrimonial y otras formas contempladas en la legislación.
Respecto al perfil de las personas quejosas, la CDH reportó que cuatro de las denuncias fueron presentadas por mujeres, una por un hombre y en un caso no fue identificado el sexo de la persona afectada.
El comportamiento mensual muestra que durante enero se iniciaron dos expedientes, en febrero no se registraron quejas y en marzo la cifra aumentó a cuatro, concentrando dos terceras partes de los casos reportados en el primer trimestre del año.
Crisis política e intervención estatal en Acatlán
La difusión de estos datos ocurre mientras el municipio atraviesa un episodio de ingobernabilidad, luego de que regidores solicitaron al Congreso del Estado la revocación de mandato de la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas, al acusarla de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, abuso de poder y falta de transparencia en su administración.
El conflicto ha escalado con señalamientos de intimidaciones y agresiones entre integrantes del Cabildo, además de la destitución del mando de la policía municipal, situación que llevó al gobierno estatal a asumir temporalmente la seguridad pública, mientras se atiende el conflicto interno.
Ante este escenario, el Congreso de Puebla inició el procedimiento legislativo para analizar la solicitud de revocación de mandato, por lo que ya se analiza que la alcaldesa sea llamada a comparecer para ejercer su derecho de audiencia y presentar los argumentos correspondientes antes de que los diputados determinen la viabilidad de la petición.
Ilustración: Iván Rojas
