El conflicto entre habitantes de Santa María La Alta y el Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez continúa sin solución, luego de que pobladores mantuvieran tomada la presidencia municipal para exigir la entrega y administración directa de recursos económicos destinados a su comunidad.
La protesta inició el pasado 29 de junio, cuando integrantes del Comité Comunitario de Santa María La Alta cerraron los accesos al palacio municipal y solicitaron una reunión urgente con el alcalde Martín Camargo de la Peña, al considerar que sus demandas no han recibido una respuesta favorable.
Los inconformes señalaron que previamente acudieron ante autoridades estatales para solicitar la intervención en la asignación de fondos, pero al no obtener acuerdos decidieron intensificar la movilización con la ocupación del inmueble municipal.
Entre sus principales reclamos se encuentra que la comunidad pueda administrar directamente parte del presupuesto que le corresponde, además de exigir transparencia en el ejercicio de recursos, revisión de obras públicas y atención a necesidades como agua potable, infraestructura urbana y servicios médicos.
Los habitantes también cuestionaron el registro poblacional utilizado para determinar recursos destinados a Santa María La Alta, al afirmar que la cifra oficial no corresponde con el número real de habitantes y que esto impacta en el presupuesto que recibe la localidad.
Ante la protesta, el presidente municipal Martín Camargo de la Peña explicó que existe una resolución judicial relacionada con una demanda promovida años atrás por el expresidente auxiliar Fortunato Cortés.
De acuerdo con el alcalde, dicho fallo establece que el Comité Comunitario recibirá recursos proporcionales provenientes del Ramo 28, mientras que los recursos del Ramo 33 permanecerán destinados a obras públicas en Santa María La Alta.
Camargo de la Peña estimó que para el ejercicio fiscal 2026 se proyecta una inversión de entre 12 y 13 millones de pesos para la zona y reiteró su disposición para dialogar con los representantes comunitarios.
El edil planteó que los proyectos deben coordinarse entre el comité, la presidencia auxiliar y el ayuntamiento para garantizar su ejecución conforme a los procedimientos establecidos.
Amenazan con bloqueo carretero
Mientras continúan las diferencias entre ambas partes, los pobladores advirtieron que podrían ampliar sus acciones con el cierre de la carretera 150 México-Veracruz si no existe una respuesta que permita resolver sus demandas.
Los manifestantes sostienen que el problema no únicamente está relacionado con recursos económicos, sino con el reconocimiento de la participación comunitaria en las decisiones públicas.
Por ahora, la toma del edificio municipal mantiene suspendidas las actividades administrativas y la atención al público, afectando a ciudadanos que acudían a realizar trámites o solicitar servicios.
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