La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA, enfrenta nuevos cuestionamientos por una serie de casos de corrupción, fallas de supervisión y presuntas operaciones que habrían puesto en riesgo a comunidades estadunidenses. Informes y expedientes recientes exhiben una crisis interna en una agencia que durante décadas se presentó como eje central de la llamada guerra contra las drogas.
Los señalamientos incluyen casos de exagentes involucrados en lavado de dinero, sobornos y vínculos con redes criminales, como el de José Irizarry, exintegrante de la DEA condenado a más de 12 años de prisión por un esquema de lavado y fraude mientras trabajaba como agente especial. También destaca el caso de Paul Campo, exfuncionario de alto nivel acusado de conspirar para lavar recursos vinculados al CJNG.
La crisis no se limita a actos individuales. El Inspector General del Departamento de Justicia documentó que la DEA tardó entre 51 y 266 días en reportar posibles violaciones graves a derechos humanos cometidas por policías extranjeros entrenados o vinculados con sus programas, entre ellas prácticas de tortura admitidas durante procesos de evaluación. Estos hallazgos golpean el discurso de Washington sobre cooperación internacional en seguridad.
Otro frente de cuestionamientos surgió en Nuevo México, donde reportes periodísticos revelaron que agentes de la DEA habrían monitoreado cargamentos de fentanilo sin incautarlos de inmediato entre 2023 y 2025, bajo el argumento de construir casos más amplios contra redes criminales. La propia agencia pidió al Inspector General revisar las denuncias, mientras autoridades estatales abrieron investigaciones por el posible impacto de esas decisiones en la seguridad pública.
El caso expone una contradicción central de la política antidrogas de Estados Unidos: mientras Washington exige cooperación y resultados a otros países, su principal agencia antinarcóticos arrastra acusaciones de corrupción, negligencia y falta de control interno. Para México y América Latina, estos antecedentes alimentan la desconfianza hacia una institución que ha operado históricamente con amplio margen de influencia regional.
La suma de expedientes, denuncias y auditorías coloca a la DEA ante una crisis de credibilidad. La guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos vuelve a quedar bajo sospecha, no sólo por sus resultados limitados, sino por las fallas de una agencia que pretende intervenir en estrategias internacionales mientras enfrenta cuestionamientos graves dentro de su propia estructura.
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