CIUDAD DE MÉXICO, 7 DE JULIO DE 2025. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está próxima a resolver un caso emblemático sobre los límites de la libertad de expresión y la protección de la vida privada de los funcionarios públicos.
El proyecto de sentencia elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat propone conceder un amparo al senador Ricardo Monreal Ávila, quien fue objeto de la difusión de audios privados en el programa “El Martes del Jaguar”, conducido por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. La resolución, que será discutida en la Primera Sala de la Corte, podría sentar un precedente relevante sobre la responsabilidad de los servidores públicos al divulgar información obtenida de manera ilícita y el alcance de su deber de veracidad al emitir opiniones en medios de comunicación.
El caso se originó tras la transmisión del programa el 25 de octubre de 2022, donde Sansores exhibió conversaciones privadas de WhatsApp entre Monreal y Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. La gobernadora interpretó la supuesta intercesión de su compañero de partido ante las cuitas legales que enfrentaba ‘Alito’ como un acto de deslealtad hacia el movimiento de la Cuarta Transformación y como un indicio de posibles acuerdos políticos con la oposición. A raíz de la difusión, Sansores acusó públicamente a su compañero de partido mediante la utilización de espinosos adjetivos, generando un debate nacional sobre la legitimidad de exponer comunicaciones privadas de carácter político.
El proyecto de la ministra Ríos Farjat sostiene que la gobernadora incumplió su deber de verificar la veracidad de los hechos en los que basó sus opiniones y que la divulgación de los audios, obtenidos y difundidos sin consentimiento, constituye una afectación directa a los derechos de privacidad y honor de Monreal. La ministra argumenta que ni la información ni las opiniones de Sansores pueden considerarse protegidas bajo el derecho a la libertad de expresión, pues se trató de una revelación selectiva y descontextualizada, carente de un interés público legítimo y motivada más por fines políticos que informativos. En consecuencia, si el proyecto es aprobado, la mandataria deberá remover el contenido correspondiente del programa y abstenerse de realizar futuras manifestaciones similares.
EL LARGO CAMINO DE LA CONTROVERSIA DEL JAGUAR HACIA LA SUPREMA CORTE
La ruta legal que condujo a este escenario inició con la denuncia de Monreal, quien interpuso un amparo alegando la violación a su derecho a la intimidad y al honor tras la difusión de los audios.
El caso escaló a la SCJN tras resoluciones contradictorias en instancias inferiores y por la relevancia constitucional del conflicto entre libertad de expresión y privacidad de los servidores públicos. El proyecto de Ríos Farjat enfatiza la obligación de las autoridades de ponderar ambos derechos y concluye que la conducta de Sansores no se justifica bajo el interés público, estableciendo que la privacidad de los funcionarios debe ser protegida incluso ante el escrutinio mediático, salvo que existan elementos claros que justifiquen la revelación por razones de interés general.
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