La comunidad indígena de Santa María La Alta, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, continúa en espera de que el Congreso del Estado de Puebla resuelva la solicitud para obtener el reconocimiento como municipio. Mientras ese proceso sigue su curso, la población ya consiguió un avance importante al obtener un resolutivo que permitirá administrar recursos federales destinados al desarrollo comunitario.
El delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Puebla, David Fernández Acosta, informó que después de las mesas de diálogo instaladas tras las movilizaciones realizadas por habitantes de la comunidad, se alcanzó un acuerdo que garantiza el acceso al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).
El funcionario explicó que aún deberá definirse el mecanismo mediante el cual se ejercerán dichos recursos, además de establecer la supervisión correspondiente para asegurar que su aplicación se realice conforme a la normatividad vigente.
Fernández Acosta señaló que el principal asunto que permanece sin resolverse es la determinación del Congreso local respecto a la petición para que Santa María La Alta sea reconocida como un municipio indígena bilingüe.
Indicó que corresponderá al Poder Legislativo evaluar si la comunidad cumple con todos los requisitos legales establecidos para modificar su estatus administrativo.
Mientras tanto, como parte de los acuerdos alcanzados entre autoridades y pobladores, se contempla la integración de un concejo comunitario que será elegido mediante una asamblea, organismo encargado de administrar y comprobar el ejercicio de los recursos públicos recibidos.
El delegado recordó que la intervención del INPI permitió atender el conflicto que derivó en bloqueos sobre la carretera México-Veracruz y en la toma simbólica de la presidencia municipal de Tlacotepec de Benito Juárez durante la segunda quincena de junio, acciones con las que los habitantes exigieron recibir directamente los recursos del FAISM.
Para el representante federal, el proceso que vive Santa María La Alta refleja el ejercicio del derecho de los pueblos originarios a la libre determinación y al fortalecimiento de sus formas de organización comunitaria mediante usos y costumbres.
Asimismo, consideró que este caso podría convertirse en un referente nacional al demostrar el interés de las comunidades indígenas por participar directamente en la administración de los recursos públicos destinados a su desarrollo.
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