Las versiones difundidas por Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio sobre una supuesta protección federal al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fueron rechazadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el Gabinete de Seguridad. El Gobierno de México negó que exista un operativo para resguardarlo, ocultarlo o moverlo de ubicación, como señalaron ambos columnistas en publicaciones recientes.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum respondió a los señalamientos y aseguró que Rocha Moya permanece en su domicilio, sin protección federal ni custodia especial de las Fuerzas Armadas. La mandataria sostuvo que su administración no encubre a ninguna persona y que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas, especialmente cuando se trata de presuntos vínculos con actividades delictivas.
Las declaraciones se produjeron después de que Riva Palacio planteara que Rocha Moya habría desaparecido de la vida pública tras acudir a la Fiscalía General de la República y que estaría bajo vigilancia en Sinaloa. En paralelo, Loret de Mola afirmó que autoridades federales habrían modificado su ubicación ante un posible movimiento de autoridades estadounidenses. Ambas versiones instalaron la idea de un resguardo oficial que el Gobierno federal calificó como falso.
Sheinbaum insistió en que, si existen pruebas contra cualquier gobernador, alcalde o funcionario, deben presentarse ante las autoridades correspondientes para proceder conforme a la ley. La presidenta remarcó que no se protege a nadie por cargo, partido o relación política, y defendió que la postura oficial es cumplir la ley sin aceptar acusaciones construidas sin sustento público.
El relato del “operativo” se topa con la carta del Gabinete de Seguridad
El Gabinete de Seguridad también emitió una carta aclaratoria para desmentir las publicaciones sobre un presunto operativo militar relacionado con Rocha Moya. La comunicación oficial negó que Sedena, Marina, Gobernación, FGR o Guardia Nacional hayan participado en acciones para esconderlo, trasladarlo o protegerlo, y descartó que haya permanecido bajo resguardo en instalaciones militares.
La respuesta oficial también rechazó que Rocha Moya se encuentre o haya estado oculto en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación del Ejército. Con ello, el Gabinete contradijo directamente las versiones periodísticas que insinuaban un despliegue federal para impedir su localización o protegerlo de investigaciones extranjeras.
Además, las autoridades federales defendieron que la política de seguridad se aplica sin distinción y señalaron que durante la presente administración se han detenido más de 56 mil personas por delitos de alto impacto. También destacaron la captura de 87 servidores y exservidores públicos, incluidos siete presidentes municipales en funciones, como parte de acciones contra redes criminales y posibles vínculos institucionales.
El caso dejó en el centro del debate el uso de versiones periodísticas de alto impacto sin pruebas públicas suficientes. Mientras Loret y Riva Palacio colocaron la narrativa de una presunta protección a Rocha Moya, Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad respondieron que no existe operativo, resguardo militar ni encubrimiento federal, y pidieron que cualquier señalamiento sea acompañado por evidencias verificables.
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