La Secretaría de Educación Pública (SEP) retiró de sus funciones a un docente de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de Tepeojuma, después de que familias del plantel lo señalaran por una posible agresión contra una estudiante.
La medida fue aplicada de manera preventiva mientras las autoridades desarrollan las investigaciones correspondientes. La separación del profesor no representa una determinación sobre su responsabilidad, la cual deberá ser establecida por las instancias encargadas de esclarecer el caso.
Durante la mañana del jueves, madres y padres de familia se concentraron en el exterior de la institución para solicitar que el docente no continuara frente a grupo. La movilización se produjo luego de que trascendieran acusaciones relacionadas con un presunto comportamiento inapropiado hacia una menor.
Según la versión expuesta por los manifestantes, el profesor habría apartado a una alumna del resto de sus compañeros mientras el grupo realizaba actividades fuera del aula, donde habría tenido contacto físico con ella y la habría besado sin su autorización.
Otras alumnas habrían observado parte de lo ocurrido y posteriormente informaron de la situación a una maestra, de acuerdo con los testimonios difundidos por las familias. Sin embargo, aseguraron que presuntamente no se activaron de forma oportuna los procedimientos establecidos para atender posibles casos de violencia o abuso dentro de los centros educativos.
Asimismo, acusaron que la directora habría permitido que el docente abandonara el plantel durante el cierre del ciclo escolar, supuestamente para evitar una confrontación con las familias. Por esta razón, algunos de los manifestantes solicitaron que también se investigue su actuación y se determine si existieron omisiones.
La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abierta una carpeta de investigación, mediante la cual se buscará establecer cómo ocurrieron los hechos y si existe alguna responsabilidad penal.
Las familias pidieron que las indagatorias no se limiten al señalamiento contra el profesor, sino que también consideren la actuación de cualquier integrante del personal educativo que pudiera haber ignorado una alerta, retrasado la aplicación de los protocolos o intentado proteger a alguna de las personas involucradas.
Mientras avanzan las investigaciones, los padres solicitaron atención psicológica, acompañamiento institucional y medidas de protección para las menores relacionadas con el caso.
También demandaron que la SEP garantice condiciones de seguridad para el resto de la comunidad estudiantil y fortalezca la aplicación de los protocolos destinados a prevenir y atender situaciones de violencia dentro de las escuelas.
Padres crearán un comité de seguimiento
Como parte de los acuerdos alcanzados, las familias conformarán un comité integrado por cinco personas, cuyos integrantes darán seguimiento a las actuaciones de la SEP, la escuela y las autoridades ministeriales.
Los padres advirtieron que mantendrán vigilancia sobre el desarrollo del procedimiento hasta conocer los resultados de las investigaciones y las medidas que se aplicarán para proteger al alumnado.
Fotografía: Redes
