El presidente argentino Javier Milei acelera su agenda de desregulación estatal, intentando derogar más de 40 leyes clave y clausurar organismos estratégicos antes de perder facultades excepcionales otorgadas por la llamada Ley de Bases. La urgencia del Ejecutivo choca con una reactivación del frente opositor, tanto en el Congreso como en las calles, donde miles de ciudadanos manifiestan su rechazo al rumbo económico y político del país.
Mientras tanto, el peronismo anunció la formación de un frente unificado con miras a las elecciones legislativas de septiembre. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los principales impulsores de este acuerdo, al considerar que las diferencias internas del movimiento deben ceder ante lo que describió como una crisis institucional y social sin precedentes. A través de sus redes sociales, Kicillof expresó que la prioridad hoy es la unidad, en respuesta a un reclamo extendido de la ciudadanía.
Desde su perspectiva, las políticas del gobierno nacional se están volviendo cada vez más autoritarias, con un uso creciente del aparato estatal para perseguir disidentes, estigmatizar a la prensa y desfinanciar organismos públicos esenciales. El mandatario provincial también denunció que el modelo económico vigente acrecienta las desigualdades, paraliza la actividad y empobrece a millones, con impacto directo sobre el empleo, la producción y el poder adquisitivo.
En el plano federal, los gobernadores provinciales comienzan a marcar distancia con el oficialismo, incluso aquellos que inicialmente colaboraron con el gobierno. La falta de respuesta frente a las demandas presupuestarias y el incumplimiento de la coparticipación están generando una ruptura. La reciente escalada del dólar y el temor a un nuevo brote inflacionario aumentan la tensión. Desde la Casa Rosada, el mensaje ha sido claro: no habrá fondos, ni excepciones, en nombre del equilibrio fiscal.
La creciente conflictividad también se refleja en las calles. Movilizaciones masivas recorren el país, expresando el descontento por la situación social. Uno de los puntos más críticos es el abandono de las personas mayores. Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, dio cuenta de la emergencia humanitaria que atraviesan los jubilados. Según explicó, la pérdida de ingresos ha colocado a millones en un estado de extrema vulnerabilidad, y pidió declarar la emergencia alimentaria y sanitaria para ese sector.
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