El gobierno de Estados Unidos amplió este miércoles su lista de organizaciones consideradas terroristas al incluir al Cártel de Juárez y a “Los Viagras”, una decisión que extiende sobre México las herramientas financieras y penales de Washington. Los avisos fueron registrados el 15 de julio y están programados para publicarse oficialmente el 16 de julio en el Registro Federal estadounidense.
La medida coloca a ambos grupos bajo las categorías de Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado. En la práctica, permite congelar activos bajo jurisdicción estadounidense, bloquear operaciones financieras y castigar a quienes brinden apoyo material. Con ello, Washington vuelve a utilizar legislación antiterrorista para perseguir circuitos económicos vinculados con organizaciones mexicanas.
“Los Viagras” operan principalmente en Michoacán y han sido señalados por tráfico de metanfetaminas y cocaína, extorsiones contra productores agrícolas, secuestros y ataques contra autoridades. El Departamento del Tesoro ya los había sancionado en agosto de 2025, cuando los vinculó con disputas territoriales, cobros a comunidades y alianzas criminales en Tierra Caliente.
La ofensiva estadounidense amplía su lista negra sobre México
El Cártel de Juárez mantiene presencia histórica en Chihuahua y en los corredores que conectan Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Su brazo armado, “La Línea”, ha participado en disputas por rutas de tráfico hacia Estados Unidos. En octubre de 2024, el Tesoro sancionó a integrantes y empresas relacionados con esa estructura por tráfico de fentanilo y otras drogas.
La clasificación refuerza una estrategia estadounidense que convierte a grupos criminales extranjeros en amenazas de seguridad nacional y amplía el alcance de sus sanciones fuera de sus fronteras. Especialistas y organizaciones empresariales han advertido que estas etiquetas pueden generar temor entre bancos, exportadores y compañías con operaciones en México, incluso sin relación directa con actividades delictivas.
La decisión también profundiza las tensiones sobre soberanía y cooperación bilateral, pues Estados Unidos impone unilateralmente una categoría jurídica con efectos financieros globales sobre organizaciones que operan principalmente en México. La designación no autoriza por sí sola una intervención militar, pero sí aumenta la presión política, penal y económica de Washington sobre autoridades, empresas y personas vinculadas con los grupos señalados.
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