El Gobierno de Cuba acusó a medios de comunicación estadounidenses de contribuir a una campaña de intimidación contra la isla, después de que CBS News difundiera información sobre posibles acciones militares analizadas por el Pentágono. El canciller Bruno Rodríguez sostuvo que estas publicaciones no pueden separarse de la estrategia de presión impulsada por Washington, al considerar que amplifican escenarios de agresión sin una justificación creíble.
De acuerdo con el diplomático cubano, las filtraciones sobre operaciones militares formarían parte de una guerra psicológica destinada a medir la reacción de la población estadounidense ante una eventual intervención. Rodríguez señaló que la difusión de estos planes permite instalar la posibilidad de un ataque en la discusión pública, pese a que Cuba no representa una amenaza militar directa para Estados Unidos.
El señalamiento surgió luego de que CBS News informara que planificadores militares estudiaron alternativas para actuar contra Cuba, incluido un posible asalto aéreo encabezado por la 101.ª División Aerotransportada. Aunque funcionarios citados por la cadena aclararon que una operación sería poco probable en el corto plazo, La Habana cuestionó que medios estadounidenses presenten escenarios bélicos que pueden aumentar la tensión bilateral.
Empresas estatales y cooperativas recibirán mayores facultades
En medio de esta nueva escalada con Washington, el Consejo de Estado cubano aprobó los decretos leyes Del Sistema Empresarial Estatal Cubano y Modificativo de las Cooperativas Agropecuarias. La primera normativa busca actualizar la organización de las compañías públicas, ampliar su autonomía y otorgarles mayores capacidades administrativas, productivas y comerciales bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales.
El segundo decreto modifica las reglas para constituir, organizar e integrar cooperativas agropecuarias. Las nuevas disposiciones pretenden conceder mayor flexibilidad a estas entidades para gestionar recursos, desarrollar operaciones comerciales y participar de manera más directa en la actividad económica, como parte de una transformación gradual del modelo productivo cubano.
Ambas normas forman parte de un paquete más amplio compuesto por 23 ejes y 176 propuestas económicas y sociales, con las que Cuba busca descentralizar decisiones, ampliar la participación de distintos actores y fortalecer la capacidad de sus empresas. Las reformas avanzan mientras la isla enfrenta fuertes dificultades económicas y una política estadounidense que combina sanciones, presión diplomática y la difusión de posibles escenarios militares.
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