El Gobierno de Estados Unidos anunció que reorientará parte de su estrategia internacional contra el terrorismo hacia organizaciones y movimientos de extrema izquierda. Durante una conferencia celebrada en Washington con funcionarios de más de 60 países, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la violencia vinculada con sectores izquierdistas se convirtió en un “punto ciego” para las instituciones de seguridad y exigió reconstruir la arquitectura antiterrorista para enfrentarla.
Rubio presentó a estos grupos como una amenaza transnacional integrada por sectores que, según su discurso, rechazan a Occidente y atacan a políticos, cuerpos de seguridad e infraestructura. La administración de Donald Trump pretende impulsar acciones coordinadas con gobiernos extranjeros, nuevas designaciones terroristas e investigaciones sobre redes de financiamiento. El giro supone trasladar al terreno de la seguridad internacional una disputa profundamente ideológica de la política estadounidense.
La ofensiva ha provocado cuestionamientos de legisladores demócratas y organizaciones defensoras de derechos civiles, que advierten sobre el riesgo de utilizar categorías antiterroristas para perseguir movimientos políticos, organizaciones antifascistas o protestas legales. Los críticos señalan que la administración no ha presentado evidencia suficiente para demostrar la existencia de una estructura mundial coordinada que justifique colocar a la izquierda como la nueva prioridad de seguridad.
Los datos no respaldan una amenaza superior a la ultraderecha
Aunque estudios recientes registraron un aumento de ataques y complots atribuidos a extremistas de izquierda durante 2025, los propios análisis citados en el debate reconocen que el crecimiento comenzó desde niveles muy bajos. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales concluyó que la violencia de izquierda continúa por debajo de los niveles históricos alcanzados por grupos de ultraderecha y organizaciones yihadistas, especialmente al medir su capacidad letal y permanencia en el tiempo.
Los datos del mismo centro muestran que la violencia política estadounidense no proviene de una sola corriente. En las últimas décadas se han documentado atentados y conspiraciones relacionados con supremacistas blancos, milicias antigubernamentales, grupos yihadistas, anarquistas y actores motivados por rivalidades partidistas. Presentar únicamente a la izquierda como la amenaza central reduce un fenómeno complejo a una narrativa conveniente para el Gobierno de Trump.
La estrategia anunciada por Rubio permite a Washington promover internacionalmente una visión política que equipara sectores de izquierda con redes terroristas, mientras minimiza el historial de violencia de extrema derecha dentro de Estados Unidos. El peligro no sólo radica en combatir delitos reales, sino en ampliar etiquetas imprecisas que puedan emplearse contra opositores, movimientos sociales y manifestantes, bajo una política de seguridad definida por los intereses ideológicos de la Casa Blanca.
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