La Fiscalía General de la República detuvo en Ensenada, Baja California, al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible. La captura derivó de una investigación relacionada con grandes operaciones de huachicol fiscal, presuntamente realizadas mediante una empresa fundada por el exmandatario.
Las autoridades federales relacionan el caso con Ingemar, compañía en la que Ruffo Appel aparece señalado como accionista mayoritario. La empresa habría participado en el ingreso irregular de combustible procedente de Estados Unidos y en el resguardo de más de 15 millones de litros de hidrocarburos en instalaciones ubicadas en los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.
La detención representa un golpe político para el Partido Acción Nacional, debido a que Ruffo Appel no sólo fue uno de sus militantes más reconocidos, sino también el primer gobernador panista y el primer mandatario estatal de oposición al PRI. Acción Nacional todavía presenta su triunfo electoral de 1989 como un punto de quiebre en la historia democrática de México y destaca al exmandatario como referente de honestidad, transparencia y eficiencia administrativa.
La indagatoria alcanza a empresas, agentes aduanales y operadores ferroviarios
La investigación no se limita a la participación atribuida al exgobernador. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el esquema habría involucrado empresas importadoras, agentes aduanales, compañías destinatarias, operadores ferroviarios y firmas encargadas de dispersar los recursos. La red buscaba fragmentar la trazabilidad de las operaciones y aparentar que el combustible tenía un origen lícito.
El mecanismo consistía presuntamente en declarar los cargamentos como aditivos, aceites u otros productos con una carga fiscal distinta. En otros casos, los involucrados reportaban cantidades de gasolina o diésel inferiores a las transportadas realmente. Con estas maniobras, millones de litros de hidrocarburos habrían ingresado al país sin pagar las contribuciones correspondientes, utilizando como ruta principal la aduana de Matamoros, Tamaulipas.
Los señalamientos contra Ruffo Appel no comenzaron con su captura. Desde 2025, la empresa Ingemar se encontraba bajo investigación por posibles operaciones vinculadas con el contrabando de combustible, aunque el exgobernador rechazó entonces cualquier responsabilidad. Ahora, la orden obtenida por la FGR coloca ante la justicia a una de las figuras utilizadas por el PAN para sostener su discurso de honestidad y rendición de cuentas, aunque corresponderá a un juez determinar su situación jurídica.
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