El Gobierno de México señaló que Ingemar, empresa vinculada al exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel, habría incumplido disposiciones aduaneras al reportar volúmenes menores y productos distintos a los realmente importados. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las irregularidades detectadas constituyen dos posibles violaciones a las reglas para introducir combustibles al país.
Durante su conferencia, Sheinbaum recordó que el permiso de importación de la compañía fue cancelado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero posteriormente el anterior Poder Judicial ordenó restituir la autorización a Ingemar. La mandataria añadió que la Fiscalía General de la República mantiene abierta desde hace aproximadamente un año una investigación relacionada con las operaciones de la empresa.
De acuerdo con el expediente de la FGR, Ingemar habría declarado cargamentos cercanos a 10 mil litros por carrotanque, aunque las unidades transportaban más de 100 mil litros de hidrocarburos. Las diferencias fueron detectadas en al menos 163 ferrotanques mediante peritajes de volumetría e ingeniería realizados tras el aseguramiento de las unidades.
FGR investiga transferencias y una presunta simulación aduanera
La Fiscalía atribuye a Ruffo Appel una posible participación como accionista mayoritario y operador estratégico de la empresa. Según la investigación, el exgobernador habría recibido transferencias por 18 millones de pesos en una cuenta a nombre de Ingemar, recursos que presuntamente estarían relacionados con operaciones de contrabando de combustibles.
Las autoridades también sostienen que la empresa habría utilizado documentos con información falsa sobre la naturaleza y el volumen de las mercancías. Aunque Ingemar tenía permisos para importar gasolina y diésel, las autorizaciones únicamente amparaban el producto, la cantidad y las condiciones registradas ante la autoridad, por lo que cualquier excedente no declarado constituiría una introducción irregular.
La Procuraduría Fiscal calculó que Ingemar habría omitido el pago de 158 millones 580 mil 417 pesos en contribuciones federales, mientras Servicios Aduanales JR, otra empresa involucrada, habría dejado de pagar 2 millones 205 mil 239 pesos. Ruffo Appel y otras 24 personas son investigadas por probables delitos de delincuencia organizada y contrabando, sin que hasta ahora exista una sentencia definitiva.
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