El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, promovió un nuevo juicio de amparo en el que reclama 17 actos atribuidos a la Fiscalía General de la República (FGR) durante su detención, traslado y reclusión. El político panista permanece en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
Ruffo Appel fue detenido el jueves 16 de julio en Ensenada y trasladado posteriormente al centro penitenciario de máxima seguridad, donde se encuentra recluido desde el domingo 19. La captura derivó de una investigación por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Las autoridades federales lo vinculan con el presunto ingreso irregular de combustibles al país, práctica identificada como “huachicol fiscal”. La defensa impugnó la emisión, autorización, registro y ejecución de la orden de aprehensión, así como la privación de la libertad y el traslado fuera de Baja California.
Defensa acusa incomunicación, falta de atención médica y traslado irregular
Entre los actos reclamados se encuentran la presunta incomunicación de Ruffo Appel y la falta de información a sus familiares y abogados sobre su ubicación exacta. Sus representantes legales también denunciaron que se le habría impedido conversar en privado con su defensa y mantener comunicación directa con su familia.
La demanda señala una supuesta negativa de las autoridades para recibir y administrarle medicamentos, además de interrumpir su tratamiento médico. La defensa agregó que no se habría realizado una valoración integral ni expedido una certificación que acreditara que estaba en condiciones de ser trasladado desde Ensenada.
Un juez federal admitió a trámite el nuevo amparo, aunque no se hizo público si concedió la suspensión provisional solicitada. Días antes, otro juzgado otorgó una suspensión de plano para evitar que Ruffo permaneciera incomunicado o sufriera actos de tortura; las acusaciones contra la FGR deberán ser analizadas y no acreditan por sí mismas una actuación ilegal.
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