El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, condicionó la disposición del gobierno de Donald Trump para extender o avanzar en la revisión del T-MEC a que México coopere en la entrega de agua, la seguridad fronteriza y otros asuntos de la relación bilateral. La advertencia fue lanzada ante el Comité de Finanzas del Senado estadounidense, justo cuando ambos países desarrollan una nueva ronda de negociaciones sobre el futuro del acuerdo comercial.
El planteamiento surgió después de que el senador republicano por Texas, John Cornyn, preguntara si el supuesto retraso mexicano en las entregas de agua del Río Bravo podría utilizarse dentro de la revisión del tratado comercial. Greer admitió que el tema hídrico corresponde principalmente al Departamento de Estado, pero sostuvo que influye en la postura de Trump frente a la negociación económica, con lo que Washington abrió la puerta a utilizar el T-MEC como mecanismo de presión en materias que formalmente se encuentran fuera de su jurisdicción.
Las declaraciones se produjeron mientras Greer viajaba a México para participar en la tercera ronda bilateral relacionada con la revisión conjunta del T-MEC. La agenda oficial contempla temas comerciales como acero, aluminio, industria automotriz, agricultura, condiciones laborales, servicios de pago y seguridad económica; sin embargo, el funcionario estadounidense amplió públicamente las exigencias hacia asuntos migratorios, fronterizos e hídricos. Estados Unidos también busca acuerdos provisionales antes de finalizar 2026, mientras las negociaciones completas podrían extenderse hasta 2027.
Washington convierte el comercio en una palanca de presión bilateral
El Tratado de Aguas de 1944 establece obligaciones para ambos países. Estados Unidos debe entregar normalmente a México 1,850.234 millones de metros cúbicos anuales procedentes del Río Colorado, mientras México debe asignar a su vecino al menos 2,158.6 millones de metros cúbicos del Río Bravo durante cada ciclo de cinco años. Al concentrar el reclamo únicamente en las entregas mexicanas, funcionarios estadounidenses dejan en segundo plano el carácter recíproco del acuerdo y el mecanismo bilateral creado específicamente para administrar el recurso.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que las posibilidades de entrega dependen de las lluvias y de la disponibilidad del líquido, en un contexto marcado por sequías y bajos niveles de almacenamiento en el norte del país. Además, el cumplimiento del tratado hídrico ya se encuentra bajo seguimiento de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, por lo que trasladar la controversia al T-MEC permitiría a Washington añadir consecuencias comerciales a una disputa que cuenta con sus propias reglas, instituciones y canales diplomáticos.
Pese al tono de Greer, el T-MEC no enfrenta una cancelación inmediata: el acuerdo puede continuar vigente hasta 2036, aunque la negativa de Trump a extenderlo por otros 16 años obliga a realizar revisiones anuales y mantiene abierta una etapa prolongada de incertidumbre. En ese escenario, el gobierno estadounidense busca convertir su acceso al mercado en una herramienta para obtener concesiones más amplias de México, mezclando comercio, agua y seguridad bajo la amenaza de dificultar la relación económica regional.
Foto: Redes
