La administración de Donald Trump elevó la presión sobre los gobiernos de América Latina para que incrementen su gasto militar, bajo el argumento de combatir al crimen organizado y reforzar las fronteras. La exigencia forma parte de una estrategia con la que Washington busca trasladar a los países de la región una mayor responsabilidad operativa y presupuestal, mientras conserva capacidad de intervención mediante apoyo logístico, inteligencia y cooperación castrense.
El subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, cuestionó que algunas naciones latinoamericanas destinen menos del 1% de su producto interno bruto a defensa. En un artículo publicado en Americas Quarterly, calificó esa proporción como “absurda” y la comparó con el aumento del gasto entre integrantes europeos de la OTAN. La comparación, sin embargo, ignora las diferencias económicas, sociales y de seguridad entre Europa y América Latina.
Washington impulsa una agenda de militarización regional
Colby sostuvo que los gobiernos latinoamericanos deben ampliar sus capacidades para perseguir redes de narcotráfico, proteger sus fronteras y encabezar operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses. El planteamiento abre la puerta a una mayor militarización de la seguridad pública, una fórmula cuestionada por sus riesgos para los derechos humanos y por desplazar políticas de prevención, desarrollo social y fortalecimiento institucional.
La presión estadounidense coincide con la creación del llamado Escudo de las Américas, una alianza promovida por gobiernos conservadores para coordinar inteligencia, operaciones y capacidades militares contra organizaciones criminales. México y Brasil quedaron fuera de la iniciativa, una exclusión que evidencia diferencias políticas frente al intento de Washington de reorganizar la cooperación hemisférica bajo sus propias prioridades de seguridad.
La Doctrina Monroe vuelve al centro del discurso
El funcionario defendió una nueva interpretación de la Doctrina Monroe y rechazó que implique subordinación regional. No obstante, la historia de intervenciones estadounidenses en América Latina obliga a observar con cautela cualquier proyecto que combine presión presupuestal, despliegue militar y conducción estratégica desde Washington. La promesa de prosperidad compartida contrasta con una agenda que exige más recursos para defensa en países con profundas necesidades sociales.
Colby afirmó que Estados Unidos utilizará “todos los recursos”, incluidas sus Fuerzas Armadas, para contener el narcotráfico y los flujos migratorios. También citó operativos en el Caribe contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Estas acciones han recibido críticas por posibles ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, mientras la Casa Blanca insiste en ampliar su margen de acción militar en el continente.
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