La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que presentó una denuncia contra quien resulte responsable por la grabación y difusión de conversaciones relacionadas con la revocación de su visa estadounidense. La mandataria sostuvo que los audios salieron de contexto y que el encuentro con el supuesto intermediario formó parte de una maniobra para intimidarla.
Ávila Olmeda explicó que el contacto comenzó después de una reunión que sostuvo con el exgobernador Jaime Bonilla Valdez durante el verano de 2025, cuando ambos buscaban acercar posiciones dentro de Morena. Según su relato, Bonilla le recomendó hablar con una persona que presuntamente podía orientarla sobre el proceso para recuperar el documento migratorio.
Señala intento de intimidación durante el encuentro
Después de varias llamadas y mensajes, la gobernadora aceptó reunirse con el hombre en diciembre de 2025. Aseguró que él se presentó como asesor externo de agencias estadounidenses, aunque nunca aclaró para cuál trabajaba. Durante la conversación, añadió, mencionó posibles cargos, sanciones e incluso una extradición, temas que ella desconocía hasta ese momento.
“Lo sentí como una emboscada psicológica”, declaró Marina del Pilar al describir el encuentro. También reconoció que aceptar la reunión y confiar en el contacto representó un error, pero insistió en que acudió de buena fe para recibir orientación sobre un asunto personal.
La mandataria indicó que entregó a las autoridades el nombre y el número telefónico del hombre, aunque no precisó ante qué instancia presentó la denuncia. Señaló que corresponderá a la investigación determinar los delitos que podrían configurarse por la grabación, la difusión de los audios y los presuntos actos de intimidación.
Gobernadora atribuye la filtración al proceso de 2027
Marina del Pilar relacionó la publicación de las grabaciones con la disputa política rumbo a la renovación de la gubernatura de Baja California en 2027. Destacó que el primer audio apareció el mismo día de los registros de aspirantes, por lo que consideró que su difusión pudo responder a intereses preelectorales.
La gobernadora negó haber negociado de manera irregular con autoridades de Estados Unidos. Afirmó que las referencias sobre seguridad corresponden a mecanismos institucionales de coordinación binacional. Asimismo, reiteró que Washington todavía no le comunica la causa de la cancelación de su visa y que continuará el trámite administrativo para intentar recuperarla.
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