San Pedro Cholula fue escenario este martes de un preocupante acto de violencia cuando un grupo armado de aproximadamente 30 personas tomó por la fuerza el mercado Cosme del Razo, agrediendo al personal administrativo y exigiendo pagos ilegales a los locatarios, bajo amenazas y golpes.
Los agresores, quienes llegaron en taxis y autos particulares procedentes de San Martín Texmelucan, se hicieron pasar por clientes antes de tomar por asalto las oficinas administrativas del mercado, donde retuvieron al administrador —un adulto mayor—, a su secretaria y a un comerciante. Los tres fueron encañonados, golpeados y despojados de celulares, dinero y documentos. Según testigos, los atacantes exigían pagos por espacios de venta que, afirmaron, les habían sido prometidos por el síndico municipal Iván Cuautle Minutti.
Además de los daños físicos y psicológicos, los agresores rompieron cristales, destruyeron cámaras de videovigilancia y lanzaron amenazas de muerte contra varios comerciantes, quienes —pese al miedo— lograron alertar a los servicios de emergencia. La rápida intervención de la Policía Municipal y la Guardia Nacional permitió la detención de nueve personas, aunque varios más lograron escapar del lugar.
Sin embargo, la indignación de los locatarios creció tras conocer la versión oficial difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, que calificó lo ocurrido como una “riña entre comerciantes”, minimizando así la gravedad de un ataque armado y presunta extorsión organizada. Los comerciantes cuestionaron duramente la falta de sensibilidad de las autoridades y, particularmente, de la presidenta municipal Tonantzin Fernández, quien prefirió dedicar sus actividades públicas a promover su campaña del “Bachetón”, enfocada en tapar baches por todo el municipio.
Para los locatarios, este contraste evidencia que la alcaldesa está más interesada en su estrategia de imagen pública que en atender una crisis de seguridad que pone en riesgo la vida y el sustento de cientos de familias. Los comerciantes también exigieron al gobierno municipal y estatal garantías de seguridad reales y duraderas, y advirtieron que no aceptarán una simulación de justicia ni encubrimientos políticos. La confianza en las instituciones, dicen, está al límite.
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