Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, se declaró culpable ante una corte federal de Washington D. C. por participar en una conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, además de utilizar y portar un arma de fuego para facilitar las operaciones de narcotráfico.
El mexicano de 67 años y originario de Michoacán aceptó su responsabilidad durante una audiencia encabezada por la jueza federal Beryl Howell. Después de conocer las consecuencias legales de renunciar a un juicio, respondió “sí, culpable” cuando la juzgadora le pidió definir su postura frente a los cargos.
La sentencia quedó programada para el 13 de noviembre de 2026. El Departamento de Justicia estadounidense informó que Oseguera Cervantes enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una condena máxima equivalente a dos cadenas perpetuas consecutivas.
Autoridades lo ubican como operador del CJNG
Según documentos judiciales, “Tony Montana” participó durante más de dos décadas en actividades de tráfico de drogas para organizaciones criminales mexicanas. Entre 2002 y 2010 formó parte del Cártel del Milenio en Jalisco, donde habría supervisado ventas de narcóticos, territorios y laboratorios de metanfetamina.
A partir de 2010, trabajó directamente con su hermano Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades estadounidenses lo relacionan con el suministro de precursores químicos, la distribución de drogas y la recolección de ganancias ilícitas.
El expediente también señala que Antonio Oseguera participó en operaciones para trasladar recursos obtenidos del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México, mediante establecimientos dedicados al cambio de divisas. Además, portaba una pistola durante reuniones y actividades relacionadas con la entrega de dinero.
México lo trasladó a Estados Unidos en 2025
El Gobierno de México trasladó a Oseguera Cervantes a territorio estadounidense en febrero de 2025, junto con otros 28 acusados requeridos por autoridades de ese país. La operación ocurrió mediante la Ley de Seguridad Nacional mexicana y no a través de un procedimiento tradicional de extradición.
La declaración de culpabilidad evita la celebración de un juicio, aunque la jueza deberá valorar las directrices federales y las circunstancias del caso antes de definir la condena. Por ahora, la pena definitiva permanece pendiente y dependerá de la resolución judicial de noviembre.
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