He revisado los criterios para la defensa de las audiencias en la radio y la televisión que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la semana pasada y que actualmente se encuentran en un proceso de consulta pública. El debate que se ha generado era previsible. Algunos sectores consideran que se trata de un mecanismo para controlar a los medios de comunicación; otros sostienen que simplemente desarrolla disposiciones que ya habían sido aprobadas en la legislación. Después de revisar los documentos, mi impresión es que estamos frente a un conjunto de lineamientos que difícilmente modificarán de manera sustancial el ejercicio cotidiano del periodismo, aunque sí podrían incrementar la carga burocrática para los concesionarios de radio y televisión.
Los ejes centrales de la propuesta son relativamente claros: diferenciar con precisión las noticias de las opiniones; distinguir los contenidos informativos de la propaganda; establecer la obligación de contar con un defensor de las audiencias en cada medio de comunicación; fortalecer los mecanismos para atender quejas de los usuarios y definir posibles sanciones cuando las obligaciones no sean cumplidas. Son criterios que, en buena medida, ya forman parte de las mejores prácticas del periodismo profesional y que muchos medios aplican desde hace años, incluso antes de que existieran disposiciones legales específicas sobre la materia.
En realidad, la separación entre información y opinión no representa ninguna novedad. Desde hace décadas, los periódicos distinguen entre la nota informativa, el editorial y la columna de opinión. Lo mismo ocurre en la radio y la televisión cuando un conductor informa sobre un acontecimiento y, posteriormente, emite un comentario personal o entrevista a especialistas que ofrecen interpretaciones distintas de un mismo hecho. La transparencia editorial fortalece la credibilidad del medio y permite que las audiencias sepan cuándo reciben información verificable y cuándo escuchan una valoración subjetiva.
Algo similar ocurre con la diferencia entre contenidos informativos y propaganda. La publicidad disfrazada de noticia constituye una práctica cuestionable que afecta la confianza del público. Identificar claramente cuándo un contenido responde a intereses comerciales, políticos o institucionales beneficia a las audiencias y también protege a los propios medios de comunicación. En ese sentido, los criterios anunciados no introducen una transformación radical del sistema mediático mexicano; simplemente buscan ordenar prácticas que, en teoría, ya deberían formar parte de la ética profesional y de la regulación vigente.
El aspecto que sí merece una discusión más profunda es el relacionado con las sanciones y con la burocracia que puede derivarse de estos nuevos mecanismos. La regulación nunca debe convertirse en una carga desproporcionada que afecte la viabilidad económica de quienes ejercen el derecho a informar.
Por ello resulta acertado que el gobierno haya decidido abrir un proceso de consulta antes de la emisión definitiva de los lineamientos. Las mejores regulaciones suelen construirse escuchando a periodistas, concesionarios, académicos, organizaciones de defensa de derechos humanos y, por supuesto, a las propias audiencias.
No comparto, sin embargo, las voces que desde el primer momento calificaron estos criterios como un atentado contra la libertad de expresión. Entiendo la desconfianza que históricamente existe en México frente a cualquier intento del Estado por regular la comunicación, pues durante décadas los gobiernos utilizaron distintos mecanismos para premiar a medios afines y castigar a sus críticos. Esa experiencia obliga a mantener una vigilancia permanente. Pero una cosa es mantener una actitud crítica y otra muy distinta afirmar, sin mayores elementos, que cualquier regulación constituye automáticamente un acto de censura.
Vivimos en una época profundamente distinta a la del monopolio de la información. Hace apenas tres décadas unos cuantos periódicos, estaciones de radio y canales de televisión concentraban prácticamente toda la capacidad de comunicar masivamente. Hoy el escenario cambió de manera radical. Internet, las redes sociales, las plataformas digitales y los servicios de mensajería instantánea han democratizado la posibilidad de producir y difundir contenidos. Cualquier ciudadano con un teléfono inteligente puede transmitir en vivo, publicar investigaciones o expresar opiniones que alcancen a millones de personas sin pasar por los filtros tradicionales de los grandes medios.
Precisamente por esa transformación tecnológica sostengo que un intento de censura generalizada resulta prácticamente imposible. Aun cuando una autoridad pretendiera limitar la difusión de determinados contenidos en la radio o la televisión, éstos seguirían circulando inmediatamente en redes sociales, plataformas digitales, sitios de internet y aplicaciones de mensajería. La velocidad con la que hoy viaja la información hace inviable reproducir los mecanismos de control informativo característicos del siglo pasado. La censura tradicional ha perdido eficacia frente a un ecosistema comunicativo descentralizado y global.
Sin embargo, reconocer que la censura clásica es cada vez menos viable no significa que la libertad de expresión esté completamente garantizada. Sería un grave error confundir la existencia de múltiples plataformas con la ausencia de amenazas. Los riesgos han cambiado de rostro y, en algunos casos, se han vuelto mucho más peligrosos porque ya no dependen exclusivamente del poder político, sino también del crimen organizado, de intereses económicos, de la precarización laboral y de la manipulación tecnológica. Es ahí donde debería concentrarse la discusión nacional.
El primer gran riesgo para la libertad de expresión continúa siendo la violencia contra los periodistas. Ningún sistema democrático puede presumir de garantizar plenamente este derecho mientras los comunicadores sean asesinados por ejercer su trabajo. En lo que va del año han perdido la vida siete periodistas en circunstancias relacionadas con su labor informativa. Cada homicidio representa una tragedia personal, pero también un mensaje intimidatorio dirigido al resto del gremio: investigar determinados temas puede costar la vida.
En este fenómeno tampoco debe descartarse la responsabilidad de actores políticos que, directa o indirectamente, recurran a la violencia para silenciar voces incómodas. Los asesinatos de Roxana Guzmán, en Veracruz, y de Alejandro Leyva, en Oaxaca, recuerdan que las amenazas contra el periodismo no provienen únicamente del crimen organizado. Cuando convergen intereses criminales, corrupción política e impunidad institucional, el resultado suele ser devastador para la libertad de expresión. Ningún lineamiento administrativo podrá sustituir la obligación del Estado de proteger la vida de quienes informan.
El segundo riesgo es la censura silenciosa, aquella que pocas veces aparece en las estadísticas oficiales porque no proviene necesariamente del gobierno. Es verdad que el viejo modelo de censura directa ejercido desde el poder político ha disminuido considerablemente. Pero eso no significa que todos los periodistas puedan investigar cualquier tema con absoluta libertad. En numerosos medios existen asuntos vetados por intereses económicos, comerciales o políticos. Hay investigaciones que nunca llegan a publicarse porque afectan a un anunciante importante, a un socio estratégico o a un grupo con capacidad de presión.
Esta forma de autocensura resulta especialmente peligrosa porque opera de manera invisible. No deja expedientes administrativos ni genera escándalos públicos. Simplemente impide que determinadas historias sean conocidas por la sociedad. Cuando un periodista sabe anticipadamente que una investigación será bloqueada por razones ajenas al interés público, la libertad de expresión comienza a deteriorarse desde el interior mismo de las redacciones. Combatir esta práctica exige fortalecer la independencia editorial y promover modelos de financiamiento que reduzcan las presiones externas.
El tercer problema es la creciente pauperización del trabajo periodístico. Resulta paradójico que nunca hayan existido tantas plataformas para difundir contenidos y, al mismo tiempo, tantos comunicadores enfrenten condiciones laborales precarias. Los salarios de reporteros, fotógrafos, camarógrafos, editores, columnistas y articulistas han disminuido de manera significativa durante los últimos años. En muchos espacios los colaboradores reciben remuneraciones simbólicas o, sencillamente, la publicación de sus textos constituye la única contraprestación por su trabajo intelectual.
Cuando el periodismo deja de ser una profesión que permite vivir con dignidad, la libertad de expresión también se debilita. Un comunicador que enfrenta precariedad económica permanente resulta más vulnerable a presiones políticas, comerciales o criminales. La independencia editorial requiere condiciones materiales mínimas para sostenerse. Defender la libertad de expresión también implica dignificar el trabajo periodístico mediante salarios justos, seguridad social, contratos transparentes y condiciones laborales que permitan ejercer la profesión con autonomía.
El cuarto desafío proviene de la saturación informativa que caracteriza a la era digital. Nunca había existido tanta información disponible y, paradójicamente, nunca había sido tan difícil distinguir entre hechos comprobados, interpretaciones, propaganda, rumores y contenidos completamente falsos. Las redes sociales multiplican mensajes anónimos cuya procedencia resulta imposible de verificar. A ello se suma el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar imágenes, videos, voces y textos con un alto grado de realismo, dificultando aún más la identificación de contenidos auténticos.
Frente a este escenario, la alfabetización mediática adquiere una importancia estratégica. Las audiencias necesitan desarrollar capacidades para verificar fuentes, identificar manipulación y distinguir información confiable de campañas de desinformación. La defensa de las audiencias no puede reducirse a crear oficinas administrativas o establecer nuevos procedimientos burocráticos; debe incluir una política pública de educación digital que fortalezca el pensamiento crítico de los ciudadanos y los prepare para enfrentar un entorno comunicativo cada vez más complejo.
Por todo ello, considero que los criterios para la defensa de las audiencias actualmente sometidos a consulta difícilmente modificarán el panorama de la libertad de expresión en México. Es posible que algunos sean ajustados, otros eliminados y algunos fortalecidos como resultado del debate público. Incluso podrían representar una carga administrativa innecesaria para ciertos medios. Pero difícilmente constituyen, por sí mismos, el principal desafío para el periodismo mexicano.
La discusión verdaderamente relevante debería centrarse en cómo proteger a los periodistas frente al crimen organizado, cómo combatir la impunidad en los ataques contra comunicadores, cómo evitar la censura derivada de intereses políticos y económicos, cómo dignificar las condiciones laborales del gremio y cómo enfrentar la desinformación masiva impulsada por el anonimato y la inteligencia artificial. Esos son los problemas que amenazan cotidianamente el derecho de los ciudadanos a recibir información libre y plural.
Los lineamientos podrán aprobarse o modificarse después de la consulta. Incluso podrían quedar como una regulación prácticamente inocua dentro del complejo universo mediático contemporáneo. Pero si el país no atiende los verdaderos riesgos que enfrenta la libertad de expresión, cualquier discusión sobre procedimientos administrativos será apenas un debate secundario. La calidad de una democracia no se mide únicamente por las reglas que regulan a los medios, sino por la capacidad del Estado y de la sociedad para garantizar que nadie sea asesinado, silenciado, empobrecido o intimidado por el simple hecho de informar. Allí, y no en la burocracia regulatoria, se encuentra hoy el verdadero desafío para la libertad de expresión en México.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
