El Congreso de Puebla analiza una iniciativa para reducir de manera progresiva la sobrepoblación de perros y gatos abandonados mediante programas municipales permanentes. La propuesta busca atender el problema desde una política preventiva que combine bienestar animal, protección de la salud pública y participación ciudadana.
La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega plantearon reformar la fracción VIII y agregar las fracciones IX, X y XI al artículo 12 de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla. Con estos cambios, los ayuntamientos ampliarían sus facultades para organizar acciones continuas de control poblacional.
El proyecto contempla captura humanitaria, esterilización, vacunación, identificación, resguardo temporal y adopción responsable. Estas medidas permitirían disminuir gradualmente el número de animales que viven en las calles, además de reducir riesgos sanitarios y favorecer condiciones más seguras para las comunidades.
Municipios promoverían tenencia responsable y participación ciudadana
Los municipios también deberán promover mecanismos de participación ciudadana para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía. La iniciativa incluye campañas permanentes de sensibilización para prevenir el abandono y fortalecer una cultura de respeto y cuidado hacia perros y gatos.
Las autoridades locales podrán coordinarse con instituciones educativas, especialistas y organizaciones civiles para ampliar el alcance de los programas. “La implementación de la reforma podrá realizarse de manera gradual conforme a la disponibilidad presupuestaria de cada municipio”, señala el documento.
La propuesta prioriza convenios con instituciones de educación superior, colegios de médicos veterinarios y agrupaciones de protección animal. Esta colaboración permitiría sumar conocimientos técnicos, personal capacitado e infraestructura para desarrollar jornadas de esterilización, vacunación y adopción.
Proponen prohibir el sacrificio como método ordinario
La iniciativa establece que los programas de control poblacional deberán emplear métodos éticos, humanitarios y con sustento científico. Además, prohíbe utilizar el sacrificio como mecanismo ordinario para reducir la fauna callejera, una práctica que no resolvería las causas del abandono ni garantizaría una política sostenible.
La única excepción ocurriría cuando un médico veterinario zootecnista emita un dictamen que justifique la medida por razones clínicas, sanitarias o de bienestar animal. La propuesta seguirá el proceso legislativo antes de que el Congreso determine si incorpora estas obligaciones a la legislación estatal.
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