El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos nuevas órdenes ejecutivas con las que busca restringir el acceso a la ciudadanía por nacimiento y reforzar las medidas contra el llamado «turismo de maternidad», una práctica que, según la administración estadounidense, consiste en viajar al país con el propósito de que un hijo nazca en territorio estadounidense y obtenga la nacionalidad.
La decisión representa un nuevo intento de la Casa Blanca por modificar el alcance de este derecho constitucional, luego de que la Suprema Corte rechazó previamente una orden ejecutiva que pretendía limitar la ciudadanía automática para hijos de ciertos migrantes.
Durante la firma de los decretos en la Oficina Oval, Trump sostuvo que las nuevas disposiciones buscan combatir redes organizadas que, afirmó, aprovechan el sistema migratorio para obtener beneficios mediante el nacimiento de menores en territorio estadounidense.
«Haremos ajustes», declaró el mandatario al referirse al fallo emitido por la Suprema Corte sobre su iniciativa anterior.
Las nuevas medidas amplían restricciones y refuerzan el control migratorio
Una de las órdenes ejecutivas dirige sus acciones contra el denominado «turismo de maternidad», al establecer mecanismos para negar visas cuando las autoridades consideren que una persona pretende ingresar al país únicamente para dar a luz.
Además, el decreto contempla sanciones contra quienes presuntamente organicen o faciliten estos viajes con fines migratorios.
La segunda orden amplía las categorías de personas cuyos hijos no podrían acceder a la ciudadanía por nacimiento, incluyendo, entre otros supuestos, a hijos de funcionarios de gobiernos extranjeros, integrantes de organizaciones terroristas designadas y personas involucradas en fraudes relacionados con procesos migratorios.
La ciudadanía por nacimiento sigue protegida por la Constitución
La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, vigente desde 1868, establece que toda persona nacida en territorio estadounidense y sujeta a la jurisdicción del país adquiere automáticamente la ciudadanía, salvo excepciones específicas como los hijos de diplomáticos extranjeros.
Este principio fue respaldado por la Suprema Corte en precedentes judiciales y volvió a cobrar relevancia después de que tribunales federales bloquearan una orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato.
Diversas organizaciones civiles y especialistas en derecho constitucional consideran que cualquier intento por restringir este derecho mediante decretos enfrentará nuevos desafíos legales. Sus críticos sostienen que las medidas podrían entrar en conflicto con la Constitución y derivar en una nueva serie de litigios ante los tribunales federales.
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