Después de casi dos décadas sin recibir una sentencia, Brenda Quevedo Cruz continuará en libertad el proceso penal relacionado con el llamado caso Wallace, luego de que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México determinara retirar las principales medidas cautelares que pesaban sobre ella.
Tras una audiencia que se prolongó durante alrededor de 12 horas, el encargado de despacho, Juan Alfredo Buendía, ordenó concluir el arraigo domiciliario y retirar el brazalete electrónico que Quevedo portó durante más de un año.
La resolución también modifica el esquema de restricciones que le había sido impuesto en junio de 2024, cuando se determinó que debía permanecer bajo prisión domiciliaria, portar un dispositivo electrónico, contar con vigilancia permanente de la Guardia Nacional y tener prohibido salir de la zona conurbada de la Ciudad de México o del país.
La audiencia fue promovida por la defensa encabezada por la abogada Karla Salas, quien argumentó que las circunstancias que dieron origen a las medidas cautelares habían cambiado de manera sustancial.
Entre los elementos considerados estuvo el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, quien durante años señaló a Quevedo como presunta responsable del secuestro y homicidio de su hijo, Hugo Alberto Wallace.
La defensa presentó 44 datos de prueba, de los cuales el juzgado admitió 39. Entre ellos se incluyeron informes, dictámenes y peritajes destinados a acreditar que Quevedo no representa un riesgo de fuga, cuenta con arraigo familiar y ha cumplido las disposiciones judiciales durante los años que ha permanecido sujeta al proceso.
También se expusieron afectaciones a su salud derivadas de las restricciones impuestas.
Como alternativa a las medidas anteriores, los abogados propusieron que Brenda Quevedo acuda mensualmente a firmar ante el juzgado y permanezca impedida de salir de México mientras continúa el procedimiento penal.
Un proceso marcado por cuestionamientos judiciales
La decisión ocurre semanas después de que una nueva representación jurídica asumiera la defensa de Quevedo.
Desde finales de junio, organizaciones como CEA Justicia, la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla, la Clínica de Interés Público del ITAM, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Perteneces y la Red de Abogadas Digna Ochoa anunciaron que trabajarían conjuntamente en el caso.
El nuevo equipo legal ha sostenido que el expediente acumula presuntas violaciones al debido proceso, actos de tortura y utilización de pruebas ilícitas, además de señalar que distintas irregularidades han sido documentadas por organismos nacionales e internacionales.
La defensa también anunció la presentación de nuevos amparos y la creación de una red internacional de acompañamiento para vigilar el desarrollo del proceso.
Juez fue suspendido por irregularidades
El expediente también quedó bajo escrutinio por la actuación judicial. Un mes después del cambio de representación, el Tribunal de Disciplina Judicial suspendió temporalmente al juez Carlos Alberto Rico Mondragón, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.
La medida se produjo luego de señalamientos de la defensa sobre presuntas irregularidades en el manejo del caso, entre ellas el rechazo a determinadas solicitudes relacionadas con atención médica y permisos humanitarios para Quevedo.
Ahora, con el retiro del arraigo domiciliario y del brazalete electrónico, Brenda Quevedo podrá continuar el proceso penal fuera de su domicilio bajo las nuevas condiciones fijadas por el juzgado.
El procedimiento, sin embargo, no ha concluido. El caso continúa en etapa de instrucción y, hasta el momento, no existe una fecha cercana para que se dicte una sentencia.
Foto: X
