Durante la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó al exgobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero por desaparición forzada y obstrucción de la justicia, representantes del Ministerio Público Federal presentaron testimonios que lo vinculan presuntamente con grupos delictivos que operaban en la entidad.
De acuerdo con las declaraciones expuestas ante el juez Mario Elizondo Martínez, testigos colaboradores señalaron que Aguirre tenía conocimiento de las actividades de organizaciones criminales como Guerreros Unidos, Los Rojos y La Familia Michoacana.
Una de las testigos declaró que el exmandatario habría expresado preocupación por la información que podía salir a la luz sobre lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. Según su testimonio, Aguirre sabía que su sobrino, Ernesto Aguirre Gutiérrez, tenía presuntos vínculos con Guerreros Unidos.
La FGR también presentó declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como dirigente de Guerreros Unidos, quien afirmó que esa organización aportó recursos para la campaña de Aguirre por la gubernatura de Guerrero.
Testimonios apuntan a presunta destrucción de evidencias
Durante la diligencia, que se prolongó por más de siete horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, los representantes de la FGR expusieron que Aguirre habría ordenado desaparecer evidencias relacionadas con los hechos de Ayotzinapa.
Una visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero declaró que el 29 de septiembre de 2014 el entonces gobernador le preguntó sobre las grabaciones de cámaras de seguridad que registraron acciones de policías contra los estudiantes.
Según el testimonio, Aguirre manifestó preocupación porque su sobrino Ernesto podía estar relacionado con Guerreros Unidos. La declarante atribuyó al exgobernador la frase: “yo me encargo de ello”, después de que hablaron sobre las imágenes y las copias existentes.
La testigo también aseguró ante la FGR que las órdenes de Aguirre y su sobrino se cumplían, y sostuvo que incluso Iñaki Blanco Cabrera, entonces procurador de Guerrero, obedecía al sobrino del exmandatario.
Los fiscales señalaron ante el juez que Aguirre habría instruido a Blanco y a Ernesto Aguirre para eliminar evidencias sobre lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa.
La acusación forma parte del proceso judicial que enfrenta el exgobernador por los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.
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