Las carpetas de investigación por amenazas en el municipio de Atlixco, gobernado por Ariadna Ayala Camarillo, aumentaron 6.8% durante el primer cuatrimestre de 2026, al pasar de 73 a 78 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con los registros de incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, entre enero y abril de este año se abrieron 78 carpetas de investigación por amenazas en Atlixco, cinco más que las reportadas durante los primeros cuatro meses de 2025.
Aunque el incremento representa cinco casos adicionales, las cifras muestran un aumento en la incidencia de este delito durante el periodo analizado.
El comportamiento mensual indica que abril fue el mes con mayor número de carpetas de investigación, con 22 casos. En enero se registraron 20, mientras que febrero y marzo acumularon 18 casos cada uno. De esta manera, los reportes se mantuvieron de forma constante durante los cuatro primeros meses del año.
Amenazas, un delito que busca intimidar a las víctimas
La legislación penal contempla las amenazas como conductas mediante las cuales una persona advierte a otra que puede causarle un daño en su integridad, patrimonio, derechos o incluso a personas cercanas.
Este tipo de conducta puede utilizarse para generar temor, presionar a una víctima o condicionarla para realizar determinada acción, entregar dinero o permitir algún beneficio.
Las amenazas pueden presentarse de manera verbal, escrita o mediante otros actos de intimidación y, dependiendo de las circunstancias, pueden generar consecuencias para la persona responsable.
El Código Penal del Estado de Puebla establece sanciones de entre tres meses y dos años de prisión para este delito, además de las multas que correspondan conforme a las circunstancias del caso.
El aumento de 6.8% en las carpetas de investigación por amenazas coloca nuevamente este delito dentro de los asuntos que deben ser atendidos por las autoridades de Atlixco. Durante el primer cuatrimestre de 2026, los reportes ante la Fiscalía se mantuvieron de manera constante y alcanzaron su punto más alto en abril, con 22 casos.
Para las autoridades municipales y ministeriales, el reto consiste tanto en atender las denuncias como en fortalecer las acciones de prevención y atención a las víctimas de este tipo de conductas.
Foto: Redes
