En pleno corazón de los Everglades, un nuevo centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” se ha convertido en el foco de múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos. Decenas de migrantes detenidos en esta instalación, inaugurada recientemente por autoridades estatales, han descrito condiciones “infrahumanas” bajo temperaturas extremas, sin acceso regular a agua potable, alimentos en buen estado ni atención médica.
Construido apresuradamente sobre un antiguo aeródromo municipal en medio de un pantano —zona habitada por caimanes y pitones— y a 80 kilómetros de Miami, el centro fue promovido como una solución “temporal y eficiente” para descongestionar otras instalaciones. Sin embargo, testimonios de detenidos, sus familiares, abogados y activistas contradicen esta narrativa oficial.
Vladimir Miranda, un migrante cubano con permiso temporal de permanencia, fue arrestado en Orlando tras una audiencia migratoria. Su pareja, Eveling Ortiz, denunció en televisión que Miranda no ha podido bañarse, no tiene acceso a abogado y sobrevive sin electricidad ni ventilación cuando fallan los generadores. Con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados y una humedad del 90%, los detenidos sufren lo que algunos han calificado como “un infierno climático”.
Leamsy Izquierdo, artista urbano cubano conocido como “La Figura”, también detenido recientemente, aseguró que no ha podido asearse en días y que las luces permanecen encendidas las 24 horas, impidiendo el descanso. Otras denuncias incluyen la falta de alimentos suficientes —algunos reciben solo un sándwich diario—, agua contaminada, baños desbordados de excrementos y la confiscación de biblias, lo que impide a los migrantes practicar su fe.
Gina Fraga, abogada de inmigración, relató que su cliente estuvo cinco días sin agua y que los detenidos se ven forzados a usar cubetas de construcción para asearse. “Esto no es un centro de detención, es un campo de castigo”, declaró. El abogado Phillip Arroyo también alertó sobre la incomunicación de su cliente —beneficiario del programa DACA— quien fue detenido tras una parada de tráfico a pesar de su estatus legal.
La infraestructura del centro, que originalmente iba a costar 450 millones de dólares, ya ha superado los 600 millones, según documentos filtrados de FEMA. A pesar de las condiciones denunciadas, la portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Stephanie Hartman, aseguró que el centro “cumple con todos los requisitos” y calificó las acusaciones como “completamente falsas”.
No obstante, la presión política crece. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió al fiscal general estatal acceso inmediato al complejo y la creación de un equipo independiente de monitoreo. También pidió un plan de evacuación urgente, ante la amenaza de huracanes en una zona altamente vulnerable.
Activistas como Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, calificaron la situación como un “experimento fallido”. Tras intentar visitar las instalaciones con un grupo de legisladores el 3 de julio, denunciaron que no se les permitió el ingreso. “Los mosquitos eran una nube visible, nos picaron niguas. Este lugar es inhabitable”, afirmó.
Mientras las autoridades insisten en la legalidad y funcionalidad del centro, las voces desde dentro de “Alligator Alcatraz” siguen clamando por auxilio en medio del pantano.
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