10 DE JULIO DE 2025. La Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (Clifodh) emitió hoy un comunicado en el que exigen al gobierno mexicano la liberación del defensor de loa Derechos Humanos Manuel Santiz Cruz, adscrito a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, así como de «los indígenas evangélicos que fueron detenidos y presos ilegalmente y sentenciados a 25 años de prisión» en 2022.
De acuerdo a la Clínica de Litigio, la detención de Santiz Cruz, así como de los indígenas tseltales Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco, fueron calificadas como arbitrarias por un grupo de trabajo en la ONU, dado que el estado mexicano no pudo acreditar el haber proporcionado abogado o intérprete a estas personas tras su detención, como corresponde al debido proceso. Asimismo, se comprobó que las personas estuvieron varias horas incomunicadas tras su arresto.
Por ello, el grupo de trabajo del Clifodh pidió al gobierno de México «adoptar las medidas necesarias para remediar la situación de los cinco individuos, sin dilación, y ponerlas en conformidad con las normas internacionales pertinentes»; entre ellas, proveerles una indemnización justa, de acuerdo al párrafo 9 del Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, aclarando que el gobierno de México tiene hasta octubre del presente año para informar al Grupo de la ONU la resolución de este proceso.
En junio de 2025, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al gobierno de México la liberación de cinco activistas indígenas tseltales que se encontraban presos en Chiapas.
La ONU concluyó que el arresto de estos activistas fue arbitrario y violó sus derechos humanos, pidiendo su liberación inmediata, compensación económica y el castigo para los responsables. Según la ONU, el proceso judicial estuvo marcado por «prejuicios raciales y falta de garantías». Por ello, la Organización Internacional exigió la inmediata liberación de los detenidos, el otorgamiento de una compensación económica y la sanción ante quienes perpetraron estas detenciones ilegales contra los activistas.
FOTOGRAFÍA: Clifodh
